La formación logra aprobar en el pleno una moción para regular la instalación de establecimientos de comida rápida cerca de centros educativos, aunque el Pleno rechaza estudiar las vías legales para impedir la apertura del McDonald's de Aldapeta
Elkarrekin Podemos ha conseguido que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia apruebe una moción para instar al Gobierno Vasco a regular la instalación de establecimientos de comida rápida en las inmediaciones de los centros educativos. La iniciativa surge a raíz de la polémica provocada por la próxima apertura de un McDonald's en los números 4 y 6 de la calle Lizarra, a escasos cien metros de Aldapeta Maria Ikastetxea, un centro educativo al que acuden aproximadamente 2.200 estudiantes y cuya comunidad educativa y vecindario han expresado su preocupación por las consecuencias de esta instalación.
La moción aprobada plantea establecer distancias mínimas obligatorias entre los centros escolares y los establecimientos cuya oferta alimentaria predominante esté constituida por productos de escaso valor nutricional, tomando como referencia la normativa vasca que ya establece una separación de 150 metros entre los locales de juego y determinados centros educativos. Asimismo, reclama que el Gobierno Vasco impulse los estudios técnicos y jurídicos necesarios para desarrollar esta regulación y proporcione a los ayuntamientos instrumentos urbanísticos eficaces para proteger la salud infantil.
Sin embargo, el Pleno ha rechazado una segunda iniciativa de Elkarrekin Podemos, en este caso una moción de control, que pretendía que el Gobierno municipal estudiase las posibilidades jurídicas y urbanísticas de evitar la apertura del McDonald's junto a Aldapeta. En concreto, la propuesta solicitaba analizar la viabilidad de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sus posibles efectos sobre la licencia concedida y otras medidas legalmente disponibles antes de la apertura del establecimiento.
Para el portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Donostia, Víctor Lasa, el resultado de ambas votaciones deja una contradicción evidente: “Hemos conseguido que el Ayuntamiento reconozca la necesidad de regular este tipo de establecimientos para que situaciones como la de Aldapeta no vuelvan a repetirse. Es un paso importante, pero nuestra primera intención era, y sigue siendo, evitar que este McDonald's abra sus puertas junto a un colegio. Y lo que lamentamos es que el Gobierno municipal ni siquiera haya querido respaldar un estudio sobre las posibilidades legales de impedirlo”.
La preocupación por la proximidad de estos establecimientos a los centros educativos cuenta con un amplio respaldo científico. La moción de control presentada por Elkarrekin Podemos recogía diversas investigaciones internacionales que relacionan los entornos alimentarios escolares con los hábitos de consumo y la salud infantil. Entre ellas, una revisión sistemática publicada en 2026 en el ‘European Journal of Clinical Nutrition’, que examinó 61 estudios de 16 países y encontró asociaciones entre la proximidad de determinados establecimientos alimentarios a los colegios, prácticas alimentarias menos saludables y mayores índices de sobrepeso y obesidad.
Asimismo, una investigación publicada en 2024 en la revista médica ‘The BMJ’, que reunió 45 metaanálisis con datos de casi 9,9 millones de participantes, identificó asociaciones entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos problemas de salud, incluidos trastornos cardiometabólicos y de salud mental. “No estamos hablando de prohibir restaurantes porque no nos guste lo que venden. Estamos hablando de que la salud de nuestros niños y niñas debe ser un criterio a tener en cuenta cuando decidimos qué actividades comerciales pueden instalarse junto a sus colegios”, señala Lasa.
El portavoz recuerda que esta clase de intervenciones urbanísticas ya cuenta con precedentes internacionales. El Plan de Londres de 2021 contempla restricciones a nuevas implantaciones de establecimientos de comida caliente para llevar dentro de un recorrido peatonal de 400 metros desde los accesos a los centros educativos. Otras ciudades británicas también han desarrollado medidas similares. “Si somos capaces de establecer distancias mínimas para proteger a los menores frente a los locales de apuestas, debemos estudiar con el mismo rigor cómo protegerlos frente a entornos alimentarios que favorecen hábitos perjudiciales para su salud”, sostiene Lasa.
Elkarrekin Podemos considera especialmente decepcionante el rechazo de la moción de control porque no exigía una revocación inmediata de la licencia ni proponía actuar al margen de la legalidad. Lo que solicitaba era precisamente un estudio técnico, jurídico y de salud pública que determinase qué margen de actuación conserva el Ayuntamiento.
La iniciativa incluía el análisis específico de la situación de Lizarra 4-6, la posible aplicación de los mecanismos previstos en el artículo 211.3 de la Ley vasca de Suelo y Urbanismo y la presentación de un informe preliminar ante la Comisión de Planificación del Territorio en el plazo de un mes.
“El Gobierno municipal insiste en que la licencia se ha concedido conforme a la normativa vigente. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta renunciar a estudiar si existen instrumentos legales para intervenir. Nosotros no pedíamos que se vulnerase ninguna ley. Pedíamos que se examinasen todas las posibilidades que ofrece la legislación para proteger el interés general”, explica Lasa.
La formación subraya que una eventual modificación del PGOU no supondría automáticamente la suspensión de las obras ni la retirada de una licencia ya concedida, pero considera que esa complejidad jurídica constituye precisamente una razón para solicitar un informe especializado y no para descartar de antemano cualquier actuación.
Elkarrekin Podemos celebra, por tanto, la aprobación de su moción ordinaria como un primer avance hacia una regulación que proteja los entornos escolares de Donostia y del conjunto de Euskadi, pero lamenta que no haya existido la misma voluntad para estudiar soluciones al problema concreto que ha movilizado a las familias de Aldapeta.
“La aprobación de nuestra propuesta debe servir para que ningún colegio vuelva a encontrarse en una situación como esta. Pero no queremos olvidarnos de Aldapeta. Detrás de este debate hay 2.200 alumnos y alumnas, sus familias y un vecindario que está pidiendo a las instituciones que actúen. Nuestro compromiso con ellos no termina con esta votación”, concluye Víctor Lasa.
PODEMOS Ahal Dugu
