David Rodríguez: “Toda la población alavesa estaremos subvencionando a una persona con salario elevado, que viaja sola en su coche todos los días, un 70% del coste de su trayecto por autopista”.
Elkarrekin Podemos ofrece dos alternativas: Gratuidad para vehículos ligeros ocupados por tres o más personas o, en su defecto, establecer una moratoria de dos años para la aplicación del nuevo peaje a vehículos ligeros liberalizando temporalmente su uso e impulsando una evaluación.
Elkarrekin Podemos ha registrado en las Juntas Generales de Araba una enmienda a la totalidad del Proyecto de Norma foral por la que se regula la implantación de un sistema de pago por uso en vías de alta capacidad del Territorio Histórico de Álava, convencido de que nace de un “mal pacto” cerrado entre PNV, PSE y EH Bildu que “para nada responde a las necesidades sociales, medioambientales y territoriales”.
Según ha denunciado hoy en rueda de prensa el portavoz de la coalición, David Rodríguez, la norma que estas tres formaciones pretenden aplicar:
1- No garantiza la inclusión social en el uso de la AP-68 ni, por tanto, la justicia ecológica y social en el uso de infraestructuras públicas.
2- No utiliza los fondos públicos de forma racional y social, a la hora de conceder subvenciones. No discrimina positivamente a los niveles de renta inferiores
3- No incentiva la mayor ocupación del vehículo, y por tanto no fomenta las tendencias necesarias de movilidad colaborativa, para la reducción del uso de vehículos privados.
4- No es un sistema de pago coherente en su recorrido, entre diferentes territorios, ni se ha coordinado debidamente con Bizkaia, planteando importantes contradicciones que terminan afectando negativamente a los y las alavesas, y al presupuesto foral de Araba, que acaba pagando parte del mantenimiento del tramo de Bizkaia.
“Con el modelo actual, todos los alaveses estaremos subvencionando a una persona con salario elevado que viaja sola en su coche todos los días un 70% del coste de su trayecto por autopista entre, por ejemplo, Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Nos parece que no es ese el Modelo progresista y ecologista que necesitamos”, ha sostenido Rodríguez.
Mano tendida: alternativas
En este sentido, ha justificado la necesidad de enmendar a la totalidad este proyecto, si bien ha tendido su mano si el Gobierno quiere explorar un mejor acuerdo basado en dos “opciones alternativas” a lo que ahora plantea.
La primera, coherente con el impulso de plataformas para compartir coche que para el que Elkarrekin Podemos consignó una partida de 80.000 euros a la firma del Acuerdo Presupuestario con el Ejecutivo, basada en “establecer la gratuidad para vehículos ligeros cuando exista una mayor ocupación del vehículo, con 3 ó más personas”.
Según ha explicado Rodríguez el impulso de políticas que fomenten compartir coche “reduce al mismo tiempo el número de vehículos privados circulando por la vía de alta capacidad y carreteras secundarias, y por consiguiente de emisiones, lo que supone una medida que beneficia económicamente mayormente a la clase trabajadora, que es la que más comparte vehículo, y al mismo tiempo ofrece seguridad a la población con rentas menores, ya que el coste del peaje no va a ser una razón para no ir por la autovía”.
“Hoy en día existen múltiples experiencias internacionales y locales que avalan esta solución, donde los peajes reducen sustancialmente su precio, o pasan a ser gratuitos, para los vehículos que viajan con mayor ocupación, por criterios medioambientales y sociales. El modelo HOV/HOT Lanes es el ejemplo global más extendido y consolidado. Muchas de las autopistas en áreas metropolitanas densas cuentan con carriles especiales de telepeaje dinámico, con Carriles HOV (High-Occupancy Vehicle), exclusivos para vehículos que llevan un mínimo de 2 o 3 ocupantes (según la vía). Si se cumple con el cupo de personas pasajeras, el tránsito por dicho carril de peaje es totalmente gratuito”.
La segunda alternativa, “en caso de que no se acepte la medida anterior”, que se establezca “una moratoria de dos años para la aplicación del nuevo peaje a vehículos ligeros, liberalizando temporalmente su uso, y evaluando los resultados de esta alternativa a través de un Estudio de viabilidad integral” para actuar en consecuencia.
“Consideramos indispensable recoger en la Norma Foral el periodo de seguimiento, evaluación y análisis de su impacto y necesidades, cada dos años desde su entrada en vigor. Porque debemos saber cuánto cuesta exactamente recaudar los peajes, cuánto cuesta operar el sistema, qué parte se destina realmente al mantenimiento de las carreteras y qué margen económico obtienen las empresas privadas que gestionarán tecnológicamente ese cobro. Porque si la justificación del peaje es estrictamente cubrir los costes de nuestra red viaria, las cuentas tienen que ser completamente transparentes. Dentro de dos años deberíamos saber cuánto se ha recaudado; qué porcentaje procede de vehículos alaveses, del tráfico exterior y del transporte pesado; cuál ha sido el coste de gestión del sistema; cuánto dinero se ha invertido efectivamente en conservación y seguridad; y qué efecto ha tenido sobre las carreteras alternativas”.
“También exigimos que se establezca un diálogo con la Diputación Foral de Bizkaia para un acuerdo que ofrezca coherencia y coordinación en el sistema de pago por uso de una red interurbana troncal de la red vasca tan importante como la AP-68, evitando los grandes desequilibrios existentes, entre los cánones de Araba y Bizkaia, de la propuesta actual. Porque una política de movilidad sostenible tiene que tener visión de País y tiene que ofrecer alternativas eficaces y eficientes para toda la población”.
“Al nuevo sistema le falta una pieza fundamental: progresividad social. Por eso planteamos bonificaciones que puedan llegar a la gratuidad para determinados usuarios frecuentes: personas que se desplazan por trabajo, estudiantes, personas con rentas bajas y desplazamientos necesarios vinculados a determinados servicios esenciales”.
“Porque la ubicación de tu vivienda no puede convertirse en un impuesto. Y esto es particularmente importante en Aiaraldea y Rioja Alavesa. La política tarifaria tiene que corregir esa desigualdad territorial, no consolidarla”.
“Por eso nuestra posición es clara: Protejamos a toda la población que necesita utilizar la AP-68 por necesidad cotidiana para que nadie se quede fuera”, ha concluido.
PODEMOS Ahal Dugu
