Su portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, denuncia además que este destrozo irreparable se produjo dos días antes de que Alcaldía diera el permiso municipal para el inicio de las obras de reparcelación de Azkiaga
Esta denuncia se suma a las alegaciones registradas hace unos días en el Ayuntamiento de Mutriku para reclamar la suspensión y declaración de nulidad del procedimiento de este pelotazo urbanístico, que solo proyecta la construcción de viviendas libres
Elkarrekin Podemos ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa que investigue la tala sin autorización de cuatro árboles monumentales protegidos de más de 130 años en Mutriku en las obras del proyecto urbanístico de reparcelación de Azkiaga para la construcción de vivienda. La portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, ha registrado una denuncia ante este “destrozo irreparable” en la que solicita al Ministerio Fiscal que investigue los hechos y actúe para que se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir acciones semejantes y se restaure en la medida de lo posible los daños causados.
Esta denuncia ante la Fiscalía se suma a las alegaciones registradas hace unos días en el Ayuntamiento de Mutriku en las que se reclama la suspensión y declaración de nulidad del procedimiento de reparcelación de Azkiaga por irregularidades administrativas en su tramitación y por vulneración de la legislación vasca en materia de suelo y vivienda al contemplar únicamente la construcción de viviendas libres. Estamos -según denuncia Echeveste- ante un “pelotazo urbanístico”, ya que las alrededor de 42 viviendas proyectadas son en su integridad libres. Esta ausencia de reserva de suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública -según alega- infringe directamente la Ley de Suelo del País Vasco, por lo que Elkarrekin Podemos solicita que se declare nulo todo este procedimiento. Estas irregularidades en el procedimiento también se recoge en la denuncia presentada ahora ante la Fiscalía provincial de Gipuzkoa de Medio Ambiente y Urbanismo.
En el escrito de denuncia a la Fiscalía, Echeveste denuncia que el pasado 10 de junio el promotor de la unidad de ejecución de Area U.E.B.1 Azkiaga, con el respaldo del decreto de alcaldía 48/2026, procedió a la corta de dos tejos (Taxus baccata) y un cedro (Cedrus atlántica ‘glauca’), mientras que dos días después, el 12 de junio, se llevó a cabo el desgarro y desmochado de las ramas de un Podocarpus, lo que impiden su futura viabilidad.
Además, Echeveste denuncia que la tala de estos árboles de gran porte de más de 130 años el 10 de junio se produjo antes incluso de que se diera el permiso municipal para el inicio de las obras, que llegó dos días después de la destrucción de estos ejemplares. A este respecto, la portavoz de Elkarrekin Podemos adjunta el decreto de alcaldía por el que se otorgaba permiso de obra de UE B1 Azkiaga, que certifica que el mismo fue aprobado dos días después del comienzo efectivo de las obras y de la tala de los tejos.
Igualmente, en el escrito de denuncia, Echeveste refleja que, según consta al grupo juntero, no se ha
registrado ante al Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa ninguna solicitud de poda o tala de estos árboles, por lo que no se ha emitido ninguna autorización al respecto. En este sentido, recuerda que el decreto foral que establece la protección de determinadas especies de la flora de Gipuzkoa protege de forma estricta a la especie Taxus bacata por su singularidad, valor científico, ecológico y cultural, de modo que prohíbe el arranque, tala, desraizamiento y corte de ramas salvo excepcionalmente previa autorización.
El proyecto de reparcelación -subraya Echeveste- tiene la obligación técnica de buscar alternativas técnicas (rediseño de viajes, ajuste de parcelas o zonas verdes del sector) para integrar estos árboles en el viario público o en las cesiones de zonas verdes obligatorias. Al respecto, recuerda que las administraciones locales están obligadas a mitigar el efecto de ‘isla de calor’ y los árboles talados actuaban de forma real como infraestructura verde y regulador térmico. “Su eliminación desprotege el ámbito frente al cambio climático”, señala.
Entre los argumentos que se recogen en la denuncia, la portavoz de Elkarrekin Podemos también apunta a que los árboles talados estaba protegidos desde la aprobación del plan especial de la Unidad de ejecución del proyecto. El plan especial de la Unidad de Ejecución UE B1 Azkiaga, recogido en las Normas Subsidiarias de Mutriku, estipula el mantenimiento y la integración de las especies arbóreas existentes en la dotación local de espacios libres, según se detalla en la Memoria del Documento.
Igualmente, Echeveste alude a que la tala de árboles se ha producido en plena temporada de cría de las aves lo que está estrictamente prohibido por la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Directiva Europea de Aves
Junto a estas cuestiones medio ambientales, Elkarrekin Podemos también refleja en la denuncia que, en materia urbanística, el proyecto vulnera la legislación vasca en materia de suelo y vivienda dado que se proyecta la construcción de viviendas libres en su integridad, omitiéndose así las reservas mínimas de vivienda de protección público.
“La Ley de Suelo del País Vasco y las recientes normativas de medidas urgentes establecen porcentajes obligatorios mínimos que deben ser destinados a viviendas de protección pública en las nuevas áreas de desarrollo urbanístico. El proyecto de reparcelación del ámbito de la Unidad de Ejecución B1 Azkiaga qno contempla la reserva de suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Esta carencia infringe directamente la normativa autonómica de aplicación. Omitir esta catalogación vulnera el mandato legal de garantizar el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos, así como los estándares urbanísticos de obligado cumplimiento para la Administración. Como consecuencia, al nacer con la Ley del Suelo ya en vigor, el planeamiento estaba obligado a respetar los mandatos imperativos y los porcentajes mínimos de VPO que la ley exigía para los nuevos desarrollos o reformas urbanas, algo que no ocurre, sin poder ampararse en el régimen transitorio anterior”, se asevera.
Por todo ello, Echeveste solicita a la Fiscalía que admita la denuncia y “actúe para que la legalidad urbanística se aplique, se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes y se restaure en la medida de lo posible los daños causados”.
PODEMOS Ahal Dugu
