Eneritz De Madariaga: “El asesinato de la educadora social Belén Cortés Flor en un servicio residencial ha conmocionado a toda la comunidad de trabajadoras y trabajadores del sector”
La formación denuncia que el convenio colectivo abarca sólo hasta 2025 y que los compromisos que se adquirieron no se han puesto en marcha
La portavoz de Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz De Madariaga, ha interpelado a la diputada Amaia Antxustegi sobre las medidas de prevención en el sector de la Intervención Social durante el pleno de control celebrado esta mañana en Gernika.
De Madariaga ha explicado que el asesinato de la educadora social Belén Cortés Flor en un servicio residencial de Badajoz el 9 de marzo “ha conmocionado a toda la comunidad de trabajadoras y trabajadores del Sector de Intervención Social”. “También aquí en Euskadi, donde el pasado 18 de marzo se celebró una concentración, convocada por el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales del País Vasco en el Teatro Arriaga”, ha indicado. Además, ha aclarado que “el Colegio Profesional ha señalado este suceso como un signo de la precariedad y desprotección a la que se enfrentan las personas que trabajan en el sector, y no como una consecuencia de lo que se quiere señalar desde las instituciones y desde las entidades gestoras como un riesgo inherente al trabajo”. “Son precisamente, la falta de medios técnicos y la insuficiencia de recursos económicos en los servicios los que generan estos riesgos, lo que finalmente redunda también en que la calidad de la atención se vea comprometida”, ha esgrimido.
La portavoz de Podemos ha recordado que el pasado verano se aprobó el VI Convenio Colectivo de Intervención Social de Bizkaia, que comprende los años 2022 a 2025. En él, se recogieron mejoras en relación a riesgos laborales, como la inclusión de parejas educativas en los servicios calificados de especial necesidad de protección. En este caso, se incluyeron todos los servicios vinculados al Sistema residencial de menores en situación de desprotección, a excepción del programa básico y del de urgencia. Determinadas tipologías de servicios se quedaron fuera de ese reconocimiento y, pese a que los sindicatos esgrimieron la necesidad de extender las medidas a ootros servicios, quedaron fuera de la calificación de Servicios de Especial necesidad de protección.
Además, en el convenio se acuerda que las entidades gestoras realicen una evaluación de los riesgos psicosociales y de los riesgos de agresión, que atienda por un lado a cada puesto de trabajo según el tipo de centro, y por otro lado a las tipologías de la intervención que se realizan en cada servicio. “El compromiso adquirido de realización de esas evaluaciones, finaliza este mes. Finaliza en marzo. Unas evaluaciones que deben realizar las entidades gestoras junto con la representación legal de los trabajadores, para posteriormente poner en marcha una Comisión Paritaria que aborde el estudio y la elaboración de informes acerca de la situación de necesidad de especial protección, tanto de los diferentes servicios y recursos del sector, como de los diferentes tipos de intervenciones, de cara a tenerlo en cuenta para el siguiente convenio colectivo”, ha explicado De Madariaga. En este sentido, la portavoz ha querido poner de relevancia que “el convenio colectivo abarca sólo hasta 2025, con lo que no queda mucho para abrir de nuevo la mesa de negociación” y “que los compromisos adquiridos no se han puesto en marcha, ni la constitución de la mesa, ni la realización de las evaluaciones”.
“La Diputación Foral de Bizkaia es la responsable última. Es quien debe garantizar que se cumplen todas las condiciones en materia de seguridad y salud laboral. Debe garantizar que las trabajadoras y trabajadores del sector realizan su trabajo en condiciones de seguridad y dignidad, de tal forma que la calidad del servicio no se vea resentida”, ha declarado la representante de Podemos.
Para controlar que se cumplen las medidas de seguridad e higiene laboral en el sector de intervención social, De Madariaga ha señalado que la Diputación debe incorporar los indicadores de seguridad y salud laboral a su rutina de inspección; introducir como cláusula en los convenios y contratos la obligatoriedad de disponer de un protocolo de actuación ante agresiones a profesionales, así como de un plan de cuidado de los equipos de trabajo que aborde de forma preventiva los riesgos psicosociales y agresiones; solicitar a las entidades gestoras de los servicios sociales las evaluaciones en referencia a las especiales necesidades de protección, así como las medidas desarrolladas o a desarrollar; y, garantizar la dotación económica necesaria, para la puesta en marcha de medidas que garanticen la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras emanadas de los acuerdos de la Comisión Paritaria que aborda de manera específica el estudio y elaboración de informes sobre la situación de las necesidades de especial protección, tanto en los diferentes servicios y recursos del sector, como en los distintos tipos de intervenciones que se lleven a cabo en los mismos y que puedan dar lugar a modificaciones en el Convenio Colectivo.
PODEMOS Ahal Dugu
