Algo no está haciendo bien el Gobierno vasco cuando por cada nuevo proyecto renovable, sean parques eólicos o solares, se enfrenta a una oposición generalizada de la población.

En diversas localidades de Euskadi, como Enkarterri, Oion, Azkoitia o Vitoria, se han realizado manifestaciones y protestas que critican el modelo de transición energética impulsado por el PNV-PSE y varias multinacionales, ya que no responde a las demandas de descentralización, democracia y consenso que la ciudadanía exige.

La transición hacia las energías renovables debería ser motivo de esperanza en un contexto de aceleración del cambio climático, en el que ya hemos superado la línea roja de los +1,5ºC del Acuerdo de París. Sin embargo, el Gobierno vasco y las grandes corporaciones han convertido está urgencia en pretexto para imponer proyectos a favor de los beneficios económicos de las corporaciones mientras desprotegen los espacios naturales y rurales.

Ante la oposición a su modelo, el Gobierno vasco ha optado por criticar a la población de ser insolidaria o NIMBY (‘No en mi patio trasero’) por no querer estás instalaciones en sus municipios, cuando, en realidad, la oposición a los proyectos proviene de su carácter autoritario y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, la agricultura y la soberanía local.

Podemos Euskadi no solo se ha opuesto a este modelo, sino que ha propuesto una alternativa: la creación de una Sociedad Pública de Energías Renovables que, en colaboración con los municipios, permita generar y vender energía a precios bajos, promoviendo la soberanía energética, la democratización de la propiedad y la competitividad de nuestra industria. Esta propuesta ha sido rechazada rotundamente por el PNV, PSE y EH Bildu, que, aunque parecen tener diferencias ideológicas sobre el modelo de transición energética, en la práctica se han alineado con los intereses de las grandes corporaciones.

El caso de Oion es representativo de esta situación. El Ayuntamiento de Oion (EH Bildu), a pesar de las críticas y oposiciones al proyecto eólico de Iberdrola y el Gobierno vasco en Labraza, ha optado por autorizarlo, justificándose en “imperativo administrativo” u obligación legal ante el miedo de una posible denuncia por prevaricación.
 
Una “imposición administrativa o legal” que, además, se ha impuesto a sí misma EH Bildu, ya que nadie olvida el abrazo entre Mikel Otero (EH Bildu) y Arantxa Tapia (PNV) cuando pactaron junto al PSE la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que favorece enormemente a las multinacionales.

Una ley que Podemos Euskadi votó en contra porque exoneraba de impuestos al oligopolio energético, incluidos los combustibles sintéticos del señor Imaz y Petronor, porque no prohibía los proyectos en espacios protegidos, corredores ecológicos y suelos de alto valor agrícola y porque todo se decidía desde Lakua, sin apenas capacidad de decisión de los ayuntamientos. Un derecho a decidir que algunos reclaman en Madrid, pero no aplican en Euskadi. 

Esa ley pactada por EH Bildu junto al Gobierno vasco es parte del “imperativo administrativo” al que aludían desde EH Bildu en Oion. Es curioso que en Oion desconozcan lo que pactó su partido en el Parlamento Vasco en una maniobra electoralista, foto y abrazo incluida, para aparentar ser un “partido útil” que llega a pactos, pero solo ha demostrado ser útil a las multinacionales y al PNV-PSE al blanquear su modelo energético corporativista e invasivo.

Otros municipios se enfrentan a situaciones similares a las de Oion. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe decidir sobre la autorización del parque solar de Solaria, que también tiene al Gobierno vasco como socio. A pesar de los informes urbanísticos desfavorables y las alegaciones de los sindicatos agrarios en contra de estos proyectos en suelos de alto valor agrícola, el Ejecutivo de PNV-PSE sigue presionando para que los proyectos avancen. Esta forma de proceder, con tramitaciones retorcidas, vacíos legales a falta del PTS de Energías Renovables y autorizaciones que desoyen los informes ambientales y urbanísticos, es un claro ejemplo de abuso de poder.

La respuesta de Podemos Euskadi ante este modelo es clara: necesitamos una transición energética democrática, consensuada y una Sociedad Pública de Energías Renovables para que los municipios, industrias y hogares puedan generar su propia energía a precios competitivos, sin depender de las grandes corporaciones y sin impactos ambientales y agrícolas.

El Gobierno vasco está fallando al priorizar los intereses de las grandes multinacionales sobre el bienestar de la población. Es necesario cambiar el modelo actual para garantizar que la producción de energía beneficie a la sociedad, sin dejar de lado la necesidad de enfrentar el cambio climático de manera efectiva y justa.