Algo no está haciendo bien el Gobierno vasco cuando por cada nuevo proyecto renovable, sean parques eólicos o solares, se enfrenta a una oposición generalizada de la población.

En diversas localidades de Euskadi, como Enkarterri, Oion, Azkoitia o Vitoria, se han realizado manifestaciones y protestas que critican el modelo de transición energética impulsado por el PNV-PSE y varias multinacionales, ya que no responde a las demandas de descentralización, democracia y consenso que la ciudadanía exige.

La transición hacia las energías renovables debería ser motivo de esperanza en un contexto de aceleración del cambio climático, en el que ya hemos superado la línea roja de los +1,5ºC del Acuerdo de París. Sin embargo, el Gobierno vasco y las grandes corporaciones han convertido está urgencia en pretexto para imponer proyectos a favor de los beneficios económicos de las corporaciones mientras desprotegen los espacios naturales y rurales.

Ante la oposición a su modelo, el Gobierno vasco ha optado por criticar a la población de ser insolidaria o NIMBY (‘No en mi patio trasero’) por no querer estás instalaciones en sus municipios, cuando, en realidad, la oposición a los proyectos proviene de su carácter autoritario y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, la agricultura y la soberanía local.

Podemos Euskadi no solo se ha opuesto a este modelo, sino que ha propuesto una alternativa: la creación de una Sociedad Pública de Energías Renovables que, en colaboración con los municipios, permita generar y vender energía a precios bajos, promoviendo la soberanía energética, la democratización de la propiedad y la competitividad de nuestra industria. Esta propuesta ha sido rechazada rotundamente por el PNV, PSE y EH Bildu, que, aunque parecen tener diferencias ideológicas sobre el modelo de transición energética, en la práctica se han alineado con los intereses de las grandes corporaciones.

El caso de Oion es representativo de esta situación. El Ayuntamiento de Oion (EH Bildu), a pesar de las críticas y oposiciones al proyecto eólico de Iberdrola y el Gobierno vasco en Labraza, ha optado por autorizarlo, justificándose en “imperativo administrativo” u obligación legal ante el miedo de una posible denuncia por prevaricación.
 
Una “imposición administrativa o legal” que, además, se ha impuesto a sí misma EH Bildu, ya que nadie olvida el abrazo entre Mikel Otero (EH Bildu) y Arantxa Tapia (PNV) cuando pactaron junto al PSE la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que favorece enormemente a las multinacionales.

Una ley que Podemos Euskadi votó en contra porque exoneraba de impuestos al oligopolio energético, incluidos los combustibles sintéticos del señor Imaz y Petronor, porque no prohibía los proyectos en espacios protegidos, corredores ecológicos y suelos de alto valor agrícola y porque todo se decidía desde Lakua, sin apenas capacidad de decisión de los ayuntamientos. Un derecho a decidir que algunos reclaman en Madrid, pero no aplican en Euskadi. 

Esa ley pactada por EH Bildu junto al Gobierno vasco es parte del “imperativo administrativo” al que aludían desde EH Bildu en Oion. Es curioso que en Oion desconozcan lo que pactó su partido en el Parlamento Vasco en una maniobra electoralista, foto y abrazo incluida, para aparentar ser un “partido útil” que llega a pactos, pero solo ha demostrado ser útil a las multinacionales y al PNV-PSE al blanquear su modelo energético corporativista e invasivo.

Otros municipios se enfrentan a situaciones similares a las de Oion. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe decidir sobre la autorización del parque solar de Solaria, que también tiene al Gobierno vasco como socio. A pesar de los informes urbanísticos desfavorables y las alegaciones de los sindicatos agrarios en contra de estos proyectos en suelos de alto valor agrícola, el Ejecutivo de PNV-PSE sigue presionando para que los proyectos avancen. Esta forma de proceder, con tramitaciones retorcidas, vacíos legales a falta del PTS de Energías Renovables y autorizaciones que desoyen los informes ambientales y urbanísticos, es un claro ejemplo de abuso de poder.

La respuesta de Podemos Euskadi ante este modelo es clara: necesitamos una transición energética democrática, consensuada y una Sociedad Pública de Energías Renovables para que los municipios, industrias y hogares puedan generar su propia energía a precios competitivos, sin depender de las grandes corporaciones y sin impactos ambientales y agrícolas.

El Gobierno vasco está fallando al priorizar los intereses de las grandes multinacionales sobre el bienestar de la población. Es necesario cambiar el modelo actual para garantizar que la producción de energía beneficie a la sociedad, sin dejar de lado la necesidad de enfrentar el cambio climático de manera efectiva y justa.

Es sabido que los estados utilizan todas las herramientas a su alcance para construir su relato. Israel, con su política de apartheid y ocupación, no es una excepción. Hay decisiones que no admiten matices. Permitir que el Maccabi Tel Aviv juegue en Vitoria-Gasteiz no es solo abrir la puerta a la violencia de su afición radical, sino también blanquear, desde el deporte, un genocidio en curso. Y Euskadi no puede ser cómplice.

En los últimos meses, hemos sido testigos de graves incidentes protagonizados por grupos extremistas vinculados a equipos deportivos israelíes. El caso más reciente, ocurrido en Ámsterdam el pasado mes de noviembre, dejó un saldo devastador de cinco personas hospitalizadas, treinta heridos y más de sesenta detenciones tras episodios de violencia indiscriminada y apología explícita del genocidio. Actos tan indignantes como burlarse de la muerte de miles de niñas y niños palestinos asesinados son absolutamente inaceptables en cualquier sociedad que defienda los derechos humanos.

No podemos ignorar que Israel utiliza el deporte como instrumento propagandístico para blanquear sus políticas coloniales y criminales. Al permitir que el Maccabi  de Tel Aviv participe en competiciones internacionales como esta, estamos contribuyendo de manera indirecta a ese lavado de imagen. Según cifras oficiales, más de 50.000 personas han sido asesinadas en Gaza y Cisjordania, pero con la destrucción del sistema de salud y la restricción a la entrada de ayuda humanitaria el número de Palestinos muertos ascendería a 200.000 según los estudios publicados por la revista científica Lancet, como resultado de una violencia estatal desproporcionada y planificada que busca la eliminación sistemática de los Palestinos. Israel ha cruzado todas las líneas rojas, no ha querido hacer distinciones entre combatientes, civiles, menores, periodistas y personal sanitario. Ha utilizado el hambre y la salud como arma de guerra, algo que el derecho internacional humanitario prohíbe. Es evidente que Israel ha cometido crímenes de guerra y actos de genocidio.  Ante estas cifras, mirar hacia otro lado o actuar como si nada estuviera ocurriendo es un acto de complicidad moral.

Desde Podemos, creemos firmemente que la única respuesta ética ante esta situación es romper todas las relaciones internacionales con Israel, ya sean económicas, diplomáticas, culturales o deportivas. El deporte, que debería ser un espacio de encuentro y respeto, no puede ser utilizado para legitimar la opresión y el genocidio. La suspensión de este partido no es solo una cuestión de seguridad, sino de dignidad. Deberíamos recordar que el deporte tiene una dimensión ética que no puede separarse de los principios que defendemos como sociedad. La violencia, la opresión y el genocidio no pueden encontrar un escaparate en nuestras canchas de baloncesto y estadios deportivos.

Por todo ello, reiteramos nuestra exigencia de que el partido entre el Baskonia y el Maccabi Tel Aviv sea suspendido de inmediato. Hacemos un llamado a las instituciones vascas, a las organizaciones deportivas y a la ciudadanía para que no permitan que Euskadi sea escenario de un espectáculo que, más allá de lo deportivo, representa una normalización del horror.

Euskadi ha sido históricamente un referente en la lucha por los derechos humanos y la justicia social. No debemos permitir que ese legado se empañe ahora. Es nuestra responsabilidad colectiva enviar un mensaje claro: aquí no hay espacio para quienes justifican el genocidio ni para quienes intentan normalizarlo. No en nuestro nombre.

Se oían ya tambores de campaña electoral en el Parlamento vasco cuando PNV y PSE aprobaron la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático al final de la pasada legislatura. Lo verde vende, así que les debió parecer buena idea en vísperas de elecciones sacar adelante lo que durante cuatro años no se habían molestado en consensuar, por muy sensible y prioritaria que fuera la cuestión.

El gran problema es que, más allá de su nomenclatura, aquello no era tan verde. Fue “su” ley, y una ley medioambiental impulsada por el PNV, el partido de las oligopuertas, nos debe hacer sospechar. Eso sí, contaron con el generoso apoyo de EH Bildu, demasiado tibios habitualmente en este tema y con una sorprendente tendencia a comprar el marco del Gobierno Vasco, Petronor e Iberdrola. Con el apoyo que no contaron fue con el del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, la única formación política capaz de alertar que lo que escondía esa Ley, más allá de las bonitas palabras, era una sumisión a las grandes corporaciones energéticas.

Bajo el loable compromiso de liquidar las inversiones en hidrocarburos, lo que nos colaron fue un modelo continuista de las políticas que ese Gobierno del PNV y PSE (ahora revalidado) venían aplicando desde hace tiempo, blindando las grandes instalaciones eólicas y solares en Euskadi e imponiendo los deseos de los gigantes de la energía sobre los de la ciudadanía y los ayuntamientos.

De aquellos polvos estos lodos. En Euskadi estamos ahora inmersas en plena controversia por los tres proyectos que planea la empresa Solaria de instalación de plantas solares fotovoltaicas en Araba y sus infraestructuras de evacuación a lo largo de un recorrido de 100 kilómetros de líneas de alta tensión hasta la subestación de Zierbena en Bizkaia. Cada uno de estos proyectos ocuparía una superficie de 110 hectáreas y conllevaría la instalación de postes de alta tensión de hasta un centenar de metros de altura.

Solaria, esa misma empresa que, de conjunto con el Ente Vasco de la Energía (EVE), constituyeron hace pocos meses la sociedad Indarberri, para desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica, dando primeros pasos con los proyectos Vitoria Solar 1 y 2, avisando de que esto no era más que la avanzadilla de una enorme carpeta de proyectos fotovoltaicos, en suelos de alto valor agrológico, que se nos venían encima, con el aval del Gobierno Vasco.

Ahora, los proyectos Zierbena Solar 2, 3 y 4, no son más que un segundo paso de ese enorme despliegue anunciado por Solaria, infalndo una burbuja especulativa sobre el suelo rural en busca de beneficio económico, a los que seguirán otros muchos, si no lo evitamos.

Evidentemente, esto es un auténtico atentado medioambiental, y contra la soberanía alimentaria, que afecta a múltiples localidades alavesas y vizcaínas, que fractura nuestro territorio, impacta contra tierras de alto valor agroecológico y contra el sector primario vasco, y destruye nuestra riqueza natural. Como no podía ser de otra manera, los vecinas y vecinas han reaccionado y han presentado hasta 5.500 alegaciones populares contra el proyecto, en las que personas expertas en diversos campos han elaborado informes y peritajes para mostrar la evidencia de que estos proyectos destruirían de manera irreversible la riqueza natural en las zonas afectadas.

El fondo de la cuestión es que estos proyectos de Solaria ejemplarizan a la perfección el problema cada vez mayor que padecemos en Euskadi con la aprobación irresponsable de este tipo de proyectos energéticos. Proliferan las macroestructuras fotovoltaicas, eólicas y líneas de alta tensión, en corredores ecológicos, y suelos de alto valor estratégico y agrícola, como consecuencia de una legislación muy laxa: proyectos autorizados por unas evaluaciones de impacto ambiental cada vez más permisivas y politizadas, y que hacen caso omiso en muchas ocasiones a informes técnicos o científicos desfavorables. Un claro ejemplo de ello es el proyecto del Parque eólico de Azazeta, de Iberdrola y el EVE, cuyo interés económico y aprobación ha terminado de un plumazo con la tramitación del PORN-Plan de Ordenación de Recursos Naturales en marcha, dando carpetazo al Parque Natural Montes de Vitoria.

Por supuesto que desde Podemos Euskadi siempre hemos apoyado el impulso de las energías renovables y la promoción de infraestructuras verdes, lo cual pasa por la electrificación en sectores clave como el transporte, la industria y la vivienda. Pero bajo la excusa o la etiqueta de energías renovables no vale cualquier cosa. Una transición energética o es respetuosa con el territorio o no puede ser ni ecológica ni justa. Si un proyecto o una infraestructura atenta contra nuestros suelos, no pueden ser proyectos ecológicos. Es una obviedad, pero resulta imperativo recordarlo cuando para algunos “lo verde” no es sino una oportunidad de negocio.

Euskadi necesita una nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático mucho más ambiciosa que la actual. Y muy importante también ante el conflicto que ahora nos ocupa: necesitamos un buen Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, construido desde el consenso y sobre las premisas de la sostenibilidad, que permita abordar la implantación y el desarrollo de este tipo de energías de una manera ordenada y bien planificada. Seguimos esperando que quieran responder a las muchas alegaciones que hay presentadas al PTS actual, incluidas las de Elkarrekin Podemos.

Por todo esto, los proyectos deben ser paralizados, y la autorización administrativa denegada. No nos vale que la empresa Solaria diga que va a replantearse el recorrido de las líneas de alta tensión. Eso es un parche, no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar nuestros suelos, sea cual sea el recorrido propuesto por la empresa, mientras no contemos con un PTS adecuado y se definan Zonas de Exclusión en las que se prohíban proyectos de grandes centrales eólicas y fotovoltaicas por sus impactos ambientales, paisajísticos o agrícolas y, paralelamente, se delimiten zonas prioritarias y sí aptas para dichos proyectos, que deberían ser siempre consensuados con los municipios.

Debemos blindar legalmente los suelos de alto valor estratégico con regulaciones que limiten o prohíban actividades que comprometan su calidad o uso agrícola. La Transición Energética sólo puede discurrir de la mano de una Transición Agroecológica. La una no puede entenderse sin la otra.

Decía el otro día Ortuzar en Radio Euskadi que la nueva ley de educación es tan hija de EHBildu como del PNV. Y la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. De hecho, esta ley está hecha a imagen y semejanza de la propuesta educativa de EHBildu “Hacia un Sistema Público Soberano”, lanzada en septiembre de 2021.

En esta propuesta, se establecen las bases de un modelo “transicional” (hasta alcanzar ese Sistema Público Soberano, se entiende) donde literalmente se “supera la dicotomía público/privada” unificando en una sola red todos los centros educativos al margen de su titularidad. En el documento de EHBildu a esta red se la denomina Hezigune; en el Proyecto de Ley que se aprobará el 21 de diciembre se traduce como “Servicio Público Vasco de Educación”.

Esta idea, la de equiparar a todos los centros educativos y regirlos bajo una misma lógica, sean públicos o privados, fue la que permitió el entendimiento entre el PNV y EHBildu desde el primer momento. Las negociaciones que propiciaron el acuerdo entre ambas formaciones, antes incluso de que el PNV negociará con el PSE, se basaban en una confluencia de intereses: rescatar a los centros privados-concertados ante el inevitable cierre de aulas consecuencia del descenso de la natalidad. En el caso del PNV se trataba de “salvar” a las kristau eskolak; en el caso de EHBildu, a las ikastolas. La gran perjudicada de este movimiento, evidentemente, iba a ser la escuela pública vasca. Tal y como llevan años denunciando los diferentes agentes defensores de la pública.

Para EHBildu, la justificación política de equiparar ambas redes, es decir, de diluir la importancia del carácter público de la educación, es el siguiente (según su propio documento): “El carácter de servicio público no lo define la naturaleza jurídica del centro, sino los compromisos que éste adopta para con la comunidad”. El problema de esta afirmación, más allá de sus evidentes implicaciones negativas por comprometer un derecho fundamental al delegarlo en manos privadas, es que obvia de manera flagrante la situación práctica, tangible, cruda, del sistema educativo vasco.

¿Pero qué compromiso con la comunidad pueden adoptar aquellos centros que miran la renta y el origen de los niños y niñas a la hora de permitir su matriculación? La realidad es que Euskadi está en el pódium vergonzoso de la segregación escolar. Es la comunidad del Estado donde más se segrega al alumnado por origen, y la segunda donde más se segrega por razones socioeconómicas (después de Madrid). Evidentemente, este problema tiene múltiples causas, pero una razón principal: el sistema de concertación universal que hace que tengamos el mayor grado de privatización educativa de Europa. Este sistema impone barreras en el acceso a muchos centros educativos concertados para el alumnado vulnerable. La nueva ley, con su Servicio Público Vasco de Educación, lejos de atajar este problema, viene a consolidarlo, a normalizarlo y a darle naturaleza legal. 

EHBildu ha sido absolutamente leal al PNV durante todo el proceso, además de llamativamente crítico con Elkarrekin Podemos-IU cada vez que hemos salido denunciando los incumplimientos del acuerdo de bases (incluso tachándonos de irresponsables por hacerlo públicamente). Por eso, ahora cabe preguntarse por qué EHBildu, más allá de la alusión al aspecto lingüístico en el preámbulo de la ley, ha anunciado su voto negativo. ¿Por qué lo ha hecho si esta ley acoge su principal interés, que es la creación de ese artefacto que va a consolidar la privatización generalizada (llámese Hezigune o Servicio Público Vasco de Educación)?

Pues bien, dos hipótesis que explicarían este viraje de última hora:

Por un lado, la oportunidad. En pocos meses habrá elecciones autonómicas y a nadie se le escapa que un acuerdo de tal envergadura, en un tema tan delicado, y con todo el movimiento de la escuela pública en contra, podría ser un factor negativo a la hora de afrontar la campaña. Haciendo una evaluación de riesgos, podría inquietarles el flanco abierto a la crítica por parte de un amplio sector de la población que no entiende cómo un partido de izquierdas estaría bendiciendo la privatización educativa junto con la derecha vasca. Además de que resquebrajaría su imagen de partido opositor y de alternativa de gobierno al PNV.

Por otro lado, la cuestión nacional. Curiosamente los modelos lingüísticos han tenido mucho más peso que la contradicción público/privada (es decir, el eje izquierda/derecha) a la hora de tomar esta decisión. Es cierto que la inclusión de los modelos en el cuerpo de la ley (aunque sea en el preámbulo y no tenga un carácter dispositivo) constituye un nuevo incumplimiento del acuerdo educativo en el sentido de que es incompatible con el modelo común plurilingüe adoptado en este. Pero no es menos cierto que la virtualidad de esa enmienda es mucho menos significativa a efectos prácticos (al final de lo que se trata es de modificar la Ley del Euskera) que el hecho de considerar como público a lo que realmente es privado y perpetuar una situación de segregación insostenible, con los efectos que esta tiene para la cohesión social del país.

El PSE también ha jugado sus cartas y ha maniobrado con tres principales objetivos. 1. Desviar el foco de lo que realmente es importante en esta ley. 2. Obligar al PNV a elegir socio preferente (de hecho, lo que ha blindado el PSE es su alianza con el PNV para un hipotético gobierno futuro) y 3. Potenciar su identidad política exagerando su enemistad con EHBildu. Y todo esto a costa de traicionar a la escuela pública y a la propia ley Buesa que lleva su ADN. 

Sea como fuere, lo que es seguro es que el 21 de diciembre se aprobará una ley, por la mínima, que va a comprometer el futuro de las próximas generaciones. La víctima que ha salido peor parada en todo este despropósito que ha caracterizado el proceso educativo no ha sido la credibilidad de EHBildu, tampoco el talante moderado del PSE, ni siquiera la carrera política del consejero Bildarratz en su camino a la lehendakaritza; sino la escuela pública vasca, que es el campo de entrenamiento para una sociedad mejor.