Han transcurrido treinta años desde que se aprobara el convenio escolar que sirvió de base para la vigente Ley de la Escuela Pública Vasca y la sociedad vasca se encuentra nuevamente en el necesario proceso de sentar las bases de su sistema educativo mediante la participación de todos los agentes sociales involucrados. Se espera que de dicha labor colectiva surja el nuevo acuerdo educativo vasco.

En la antesala de ese momento histórico, desde Elkarrekin Podemos-IU queremos actuar con total responsabilidad y compromiso, ya que el acuerdo educativo debe ser el pilar de una ley que haga frente a la segregación escolar imperante, que ahonde en la publificación, teja redes en favor de una euskaldunización efectiva, democratice la gestión y participación de la comunidad educativa y que dé respuesta a la pluralidad y diversidad de la sociedad vasca. Con ese objetivo, el 10 de enero presentamos un documento abierto bajo el nombre '80 propuestas para una escuela pública vasca integral e igualitaria'. Con él, queremos propiciar un debate que dará lugar a una mayor concreción del documento, una vez escuchadas y tenidas en cuenta las aportaciones de los agentes sociales involucrados.

Son numerosos los pilares que deben sustentar el nuevo convenio educativo y, de entre ellos, son de ineludible mención las medidas contra la segregación y por la equidad educativa, la conversión efectiva de la escuela de titularidad pública en el eje del sistema educativo, el euskera y el modelo lingüístico, la autonomía y participación de la comunidad y la digitalización.

Pacto contra la segregación escolar y por la equidad educativa

Las conclusiones de la ponencia de educación desarrollada a finales del año pasado son tajantes: la segregación escolar es el principal problema que afronta el sistema educativo vasco. Hoy día existe una alta concentración del alumnado de baja posición socioeconómica y origen migrante en centros  de titularidad pública. Dicha realidad perjudica de manera directa a la igualdad de oportunidades de alumnos y alumnas y la falta de medidas concretas para hacer frente a este problema estructural no hace sino agravarlo. Por ello, consideramos necesario dar carta de naturalidad a la heterogeneidad del alumnado; es decir, debemos dar la oportunidad al alumnado de mezclarse, conocerse e interactuar, propiciando así una sociedad más cohesionada.

En ese sentido, proponemos la creación de oficinas únicas zonales o municipales de matriculación, para así garantizar un proceso de asignación de centro transparente y equilibrado, basado en criterios públicos, superando de tal manera los procesos informales de selección del alumnado que tanto dañan la diversidad social. También debemos acabar con las mal llamadas cuotas voluntarias, con el objetivo de garantizar la gratuidad de la enseñanza en todo centro sostenido con fondos públicos. Asimismo, resultará de gran ayuda la creación de un observatorio vasco de la segregación que recoja datos y publique un informe anual sobre la composición social de los centros educativos, en aras de profundizar en el conocimiento de la segregación escolar con objeto de contrarrestarla, tanto en el ámbito escolar como extraescolar.

La bajada de la natalidad y la consiguiente disminución en las matriculaciones deben ser utilizadas para recuperar el equilibrio entre la demanda y la oferta escolar, dado que, ante una situación de sobreoferta, siempre existirá una mayor tendencia hacia la segregación.

La escuela pública vasca como eje del sistema

En relación con esa última idea, nuestra apuesta es clara en favor del desarrollo progresivo de una red pública integral que ponga fin a la dualidad excepcional existente en la actualidad entre centros públicos y centros privado-concertados que en el territorio vasco se reparten la titularidad al 50%.

Los centros de titularidad pública deben ser el eje vertebrador del sistema educativo vasco y, por consiguiente, desde Elkarrekin Podemos-IU proponemos que dichos centros se conviertan en la red hegemónica en un plazo de diez años. Igualmente, el nuevo modelo está obligado a mejorar las ratios de profesorado-alumnado, en la medida que es un factor de capital trascendencia en relación a la calidad de la enseñanza y a los derechos laborales del personal docente.

Red pública educativa también significa contemplar la gratuidad e integralidad de la enseñanza entre los 0 y 18 años con el consiguiente fomento de CPIs o centros públicos integrales que acojan al alumnado a lo largo de todas sus etapas educativas.

La autonomía, participación y descentralización

La democratización de los centros y, por tanto, la autonomía que estos deben tener es otro de los ejes importantes de nuestra propuesta. Se trata de un momento propicio para repensar y desarrollar las relaciones entre la Administración y los centros educativos con el objetivo de promover un modelo de participación cercana que empodere a familias, alumnado y comunidad educativa. Nosotros hemos apostado firmemente por la autonomía y la descentralización de los centros. Para ello, proponemos medidas como el fortalecimiento de los Consejos Escolares Municipales; la rendición de cuentas de los centros sobre los objetivos pedagógicos previamente fijados y los compromisos adquiridos en materia de garantía de la diversidad social; el fortalecimiento del liderazgo de los equipos directivos; la mejora de las condiciones laborales del profesorado, laboral docente y de administración y servicios, etc.

Euskera y modelo lingüístico

Asimismo, este nuevo modelo educativo en el que trabajamos no puede dejar atrás el reto de euskaldunizar la sociedad vasca, en la medida que concebimos el euskera como una herramienta que, lejos de segregar, cohesiona; y reflejo de dicho carácter unificador lo encontramos en el hecho de que la mayoría de hijos e hijas de personas migrantes estudia en el modelo D, que, como es sabido, tiene el euskera como lengua vehicular.

Es verdad, sin embargo, que el actual sistema de modelos lingüísticos no está siendo suficientemente eficaz en la euskaldunización y en los resultados académicos, y es por ello que desde Elkarrekin Podemos-IU abogamos por superar dicho sistema fragmentado y establecer un modelo lingüístico plurilingüe con el euskera como eje vertebrador que permita al alumnado conseguir competencias de comunicación equivalentes en ambos idiomas oficiales, euskera y castellano (nivel B2), y que, además, facilite el aprendizaje de una tercera lengua (nivel B1) al acabar la educación obligatoria, sin perjuicio de que ello requiere avances sociolingüísticos que trascienden el ámbito educativo.

No obstante, somos conocedores de las diversas realidades en torno al conocimiento del euskera en nuestra sociedad. Es precisamente por eso que apostamos por crear proyectos lingüísticos adaptados a la situación sociolingüística local, adecuándolos a las necesidades de cada escuela. Igualmente, este modelo de enseñanza plurilingüe debe contemplar las lenguas y culturas del hogar del alumnado de diversos orígenes.

Digitalización

Como último eje tenemos la digitalización. En una época en la que la brecha digital es cada vez más acuciante, hay que garantizar más que nunca la accesibilidad y gratuidad de las tecnologías a todo el alumnado. A tal fin, proponemos un Plan de Digitalización que recoja los siguientes puntos: la utilización de un software libre que impida la introducción mercantilizada de los recursos tecnológicos; la implantación de la figura del responsable digital que, en consonancia con la ayuda de neurólogos, pedagogos y psicólogos, determine cómo y en qué etapas se realizará la digitalización; y, por último, una serie de medidas dirigidas a la sostenibilidad.

Estos son los pilares que deben sustentar el sistema educativo vasco, y quedan plenamente recogidos en el propio título de nuestro documento base: '80 propuestas para una escuela pública vasca, integral e igualitaria'.

Llevamos días metidos en una polémica creada de manera artificial e interesada por una derecha (extrema) que vive peligrosamente de los bulos. "Las macrogranjas no existen en España". Esto lo dijo el mismo lunes, en pleno auge de acusaciones cruzadas al Ministro Garzón, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos. No es de extrañar que esta afirmación negacionista de la realidad venga de la portavoz de un partido que hasta hace no mucho negaba el cambio climático, y aún hoy niega la existencia de una "caja B" acreditada por los jueces.

El Partido Popular, y, en concreto Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido comenzar su campaña electoral en Castilla y León inventando un bulo contra el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, con medias verdades. Como Garzón es un Ministro de Unidas Podemos, pareciera que hay "campo libre" para abonar el bulo y, lo que aún es más grave, para no apagarlo desde donde corresponde. ¿Acaso todo vale?

Pero vayamos al caso de la supuesta no existencia de las macrogranjas. ¿Acaso estas macroinstalaciones son invisibles a los ojos del Partido Popular? ¿O es que son ajenos a sus impactos? La portavoz del PP argumenta que sólo las instalaciones de más 10.000 cabezas de ganado pueden considerarse macrogranjas. Pero esta definición no consta en ningún documento. Es, por así decir, una definición fabricada a conveniencia de los intereses del propio Partido Popular.

Los datos dicen otra cosa. Para empezar, de acuerdo con la Directiva de Emisiones Industriales, se consideran complejos industriales (de lo que hablamos cuando decimos "macrogranjas"), en el ámbito de la ganadería, las explotaciones de cría de aves de corral y cerdos que dispongan de más de 40.000 plazas para aves de corral, que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cría (de más de 30 kg), o que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras. Toda una portavoz de agricultura debería conocer esta definición.

Además, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) en España existen 3.235 explotaciones activas de porcino y 550 avícolas. El censo oficial del ganado porcino en España alcanzó en 2020 las 32,6 millones de cabezas. Más del doble que en 1986. Ha crecido un 33% en los últimos quince años. En enero de 2021 se registraron en Castilla y León 4.340.122 cerdos, una cifra que comparamos con las 2.394.918 personas censadas en la Comunidad, según el último dato del INE. Es decir, casi la mitad. En el caso de Aragón ya hay casi siete cerdos por habitante. No es la ganadería tradicional, la extensiva, la que nos está llevando a que haya más cerdos que personas en nuestro país, sino las macrogranjas, que producen ganado en cantidades industriales.

En este tipo de explotaciones, tal y como precisaba el Ministro de Consumo, la carne es de peor calidad (y esto es otro dato) porque los animales están hacinados, viven en malas condiciones y su alimentación deja mucho que desear. Así lo documentaba Greenpeace en un reciente informe en el que no sólo se dejaba constancia de la existencia de esas macrogranjas que en el Partido Popular desconocen, sino de las lamentables condiciones en las que viven (o malviven) los animales: encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol; aprisionados entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbados, sobre rejilla, y poder darse la vuelta… Nada que ver con la ganadería que sí defendió el Ministro Garzón, por más que quieran darle la vuelta desde el Partido Popular: una ganadería extensiva, sostenible, que produce carne de calidad. Una ganadería que, por cierto, corre el riesgo de desaparecer a causa de estas grandes instalaciones porque otra de las consecuencias de la proliferación de macrogranjas es la pérdida de puestos de trabajo. Solamente en la última década se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas explotaciones de porcino. Las macrogranjas están teniendo un coste en términos de empleo además del enorme impacto medioambiental.

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero publicado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, en España, el sector porcino es el responsable del 76% de emisiones de metano derivadas de la gestión del estiércol. Esto sólo es posible en un sector altamente concentrado, en un país en el que, como ya hemos dicho, ya hay más cerdos que personas.

En Unidas Podemos hemos intentado frenar este despropósito, en línea con las afirmaciones del Ministro Garzón. Recientemente hemos llevado al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para establecer una moratoria a la instalación de macrogranjas en zonas vulnerables. Pero lamentablemente no salió adelante. Las derechas la frenaron. Y contaron con el apoyo del PSOE. Ahora sabemos por qué.

Lo más importante es que necesitábamos poner, por fin, encima de la mesa un debate imprescindible, porque para luchar contra el cambio climático hace falta afrontar con seriedad un cambio de modelo de producción y consumo. Lo dramático es que se haya llegado a él a través de un bulo, porque la democracia se debilita cuando caemos en las trampas de la extrema derecha. Y mucho más grave es que en esa trampa haya caído un Partido Socialista que hace gala de una Estrategia 2050 en la que apuesta por la reducción del consumo de carne, y que tiene por bandera toda una vicepresidencia de Transición Ecológica. En lugar de liderar, como en otros países de nuestro entorno, una estrategia para la reducción del consumo de carne (como por cierto consta en los propios documentos del Gobierno) o contra las macrogranjas, para hacer frente a la crisis climática, su silencio es ensordecedor.

Pero, por mucho que se intente retorcer la realidad, los datos nos dan la razón. Las macrogranjas, sean de 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, dañan nuestro territorio y nuestro medio ambiente, envenenan el agua, hacen sufrir a los animales, producen carne de peor calidad, destruyen empleo y vacían nuestros pueblos. Sólo hace falta ver los cientos de informes oficiales para constatar que sí, las macrogranjas existen, y están convirtiendo la vida de nuestros pueblos en un infierno. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, por coherencia, porque sí nos creemos las políticas verdes y porque no vamos a dejarnos arrastrar por los bulos.

Tras casi dos años de una pandemia que ha cambiado nuestras vidas, frenado muchos planes y alterado nuestras prioridades, cerramos un año de intensa actividad política y legislativa en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y el impulso de las políticas verdes. La crisis sanitaria que estamos viviendo nos está dejando muchas lecciones y, sobre todo y entre ellas, la constatación de una evidencia relativa a la repentina aparición de virus desconocidos en las sociedades: el ser humano y sus acciones sobre el medio ambiente favorecen que este tipo de organismos, ocultos en la naturaleza, entren en contacto con las sociedades. Por eso, no es de extrañar que la lucha contra la crisis ecológica haya pasado a un primer plano de la agenda política, pero también de la conciencia social.

Además, este año ha puesto de manifiesto, en nuestra propia cara, lo que la comunidad científica lleva décadas advirtiendo, y es que el cambio climático no es una teoría lejana, sino una evidencia de la que ya sólo han decidido quedar al margen los negacionistas más reaccionarios y populistas. Hemos vivido olas de frío y de calor extremas, en partes del Planeta que parecían muy remotas pero que nos alertan de lo que está por venir: la Organización Meteorológica Mundial (OMM) validó recientemente los 38 grados centígrados medidos el 20 de junio de 2020 en la localidad rusa de Verjoyansk como la temperatura más alta de la que se tiene registro en la región ártica. Pero no hace falta irse tan lejos para ver los impactos más brutales del cambio climático. Europa batió su récord de temperatura este verano en Sicilia, que alcanzó los 48,8ºC; la ola de calor que azotó el noroeste de América se saldó con un importante incremento de la mortalidad debido a las altas temperaturas y las inundaciones en Alemania y Bélgica dejaron víctimas y destrozos a su paso.

Esto, a pesar de los negacionistas y sus mantras habituales sobre "la religión progre del cambio climático" (en verano hace calor, y en invierno, frío, y "aquí no pasa nada"), no son hechos aislados y, cada vez más, será lo que ya conocemos como "nueva normalidad". Y así lo validó el sexto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que se hizo público este mismo verano. Las temperaturas medias globales aumentan mucho más rápido de lo previsto, y los eventos climáticos extremos se están acelerando, y lo harán más si continúa esta tendencia.

Si de algo ha servido esta imparable sucesión de noticias sobre catástrofes climáticas, récords de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, es para poner en el foco la lucha climática y ambiental y hacer protagonista la información que durante tantos años había quedado relegada a un rincón para expertos o activistas, pero sobre la que muchos llevamos décadas trabajando… y advirtiendo.

Sin duda, el gran hito para la lucha contra la crisis climática ha sido la aprobación de la primera ley de cambio climático y transición energética de nuestro país. Una ley que llegó con mucho retraso, pero que ha sido posible cuando ha habido un gobierno con voluntad política para llevarla adelante. Es una ley, por tanto, valiente, con medidas que sin duda han hecho historia y que llevan el sello verde de Unidas Podemos, como la prohibición definitiva de la minería del uranio, que ha finiquitado el proyecto de Berkeley de abrir la que hubiera sido la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo (Salamanca), en lo que tenía visos de ser un desastre ambiental sin precedentes. O el fin de la exploración y explotación de gas, que acabó con las pretensiones del gobierno vasco de extraer gas en Subijana, a las mismas puertas de Vitoria.

Con esta ley, España fue de los pocos países que llegó a la COP26 de Glasgow con sus deberes hechos y sus objetivos de reducción de emisiones plasmados en un texto legislativo. Aunque, y precisamente desde la Cumbre de Glasgow a la que acudimos una delegación parlamentaria, desde Unidas Podemos aprovechamos para reclamar un aumento de la ambición de estos objetivos, y en ello vamos a seguir trabajando, es una ley que, sin duda, nos pone en cabeza de la lucha global contra el cambio climático.

Y hemos cerrado el año con otro gran proyecto que, a falta de sus últimos trámites parlamentarios, ha salido, por fin, adelante: la aprobación de la ley de residuos, que nos pone en el camino de cumplir los objetivos de reciclaje de la Unión Europea, de los que España está muy lejos por culpa de una legislación desfasada y obsoleta, y de una gestión muy poco eficaz. Gracias a esta ley, con el empuje de la sociedad civil a través de organizaciones como Retorna, desde Unidas Podemos impulsamos la puesta en marcha del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), un sistema alternativo al actual monopolio del cubo amarillo de Ecoembes, y que ahí donde está ya implantado, como en Alemania, garantiza tasas de recuperación y reciclaje por encima del 95 %. Pero esta ley nos acerca también a un horizonte de economía circular, al priorizar por primera vez la prevención cumpliendo la máxima de que "el mejor residuo es aquel que no se genera".

Pero más allá de estos grandes proyectos legislativos, nuestra acción política verde ha sido muy intensa. Y capítulo aparte, por su importancia tanto práctica como simbólica para la protección de nuestra biodiversidad, merece la esperadísima protección del lobo ibérico. Tras mucho tiempo de persecución injustificada, la orden que lo introduce en el catálogo de especies de protección especial es una gran noticia, esperada y que hace justicia a esta especie, que es símbolo de nuestra biodiversidad y nuestra fauna ibérica. Ahora toca trabajar para hacerla efectiva por parte de todas las administraciones y desarrollar las estrategias para la convivencia efectiva, pero, sin duda, es una noticia que hemos celebrado este año.

Un año en el que la lucha climática, la protección del medio ambiente y las políticas verdes se han hecho centrales, y que nos pone muchos retos por delante para el que viene, que debemos afrontar con fuerzas renovadas para que la transversalidad que parece haber adquirido nuestro mensaje, no sea un simple eslogan para cubrir el expediente de todos los que se reivindican como verdes. Como hemos dicho siempre desde Unidas Podemos, el ecologismo no se dice, el ecologismo se hace, y especialmente ahora con el impulso de Alianza Verde, vamos a seguir trabajando para estar a la vanguardia de los cambios y de la transformación verde que necesita el país.

Pactar la nada. Ni contenidos sustanciales ni compromisos políticos reales. EH Bildu ha decidido llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV a través de un pacto que en realidad no incluye ninguna modificación de calado. Para colmo, nos lo quieren vender como una mejora en políticas sociales. Pero no cuela.

No es de sorprender que desde los sindicatos les hayan afeado este pacto, porque lo cierto es que estas cuentas no hacen sino ahondar en el desmantelamiento de los servicios públicos mediante la privatización y el recorte de plantillas funcionariales para servicios fundamentales como salud o educación. El PNV y EH Bildu renuncian a aumentar plantillas más allá de la tasa de reposición en un año en el que, por primera vez en más de una década, los presupuestos generales del Estado permiten tasas superiores al 120%. Este acuerdo da por buena una política fiscal tibia que, ante una coyuntura de crisis sin precedentes, plantea un nivel de inversión que ni siquiera llega al que teníamos antes de la década de austeridad. En lugar de revertir la subinversión crónica del sector público, se opta por el retorno al marco del equilibrio presupuestario.

Nos han querido explicar que este acuerdo se basa en acuerdos económicos que ponen el foco en las áreas de Salud, Medio Ambiente y Sostenibilidad Energética, con compromisos en materia de Salario Mínimo Interprofesional, control del precio de los alquileres, e I+D+i. La música suena bien, y a Elkarrekin Podemos no nos tiene que convencer nadie de la importancia capital de todas estas cuestiones, que siempre hemos defendido y calificado de prioritarias, además de haber conseguido importantes avances en las mismas con nuestra participación en el gobierno de coalición. Pero la letra lo desmiente. ¿Realmente el contenido del pacto tiene un impacto o un calado significativo en estas materias?

Lamentablemente, no. Un análisis riguroso del mismo nos demuestra que este acuerdo entre nacionalistas obedece más a estrategias de marketing político que a la voluntad real de transformar las condiciones de vida de la gente. No resulta difícil argumentarlo y demostrarlo.

Comienzan afirmando que el Gobierno Vasco va a defender y fomentar un SMI en convenios colectivos que sea proporcional a la renta media de Euskadi. Pero salvo en la administración pública, cuyo aumento salarial está vetado en el articulado de la ley, el Gobierno Vasco no tiene competencias en la negociación colectiva. ¿Se van a limitar a decir en la mesa de diálogo social que hay que intentar llegar a ese SMI y que por favor se pongan de acuerdo patronal y sindicatos?

Dicen que van a poner en marcha, cuando la futura normativa estatal en materia de regulación de precios del alquiler privado lo permita, un sistema de control de precios del alquiler privado, adaptado a las especificidades de la realidad vasca. Un acuerdo bastante sorprendente, porque su contenido ya está recogido en una PNL impulsada por el grupo Elkarrekin Podemos, aprobada en el Pleno del Parlamento Vasco el pasado 18 de noviembre; iniciativa ante la que cabe recordar que el grupo parlamentario de EH Bildu se abstuvo. ¿Cuál es exactamente la novedad en este punto?

Anuncian que el Gobierno Vasco se compromete a incrementar en 30 millones el contrato-programa de Osakidetza para implementar la Estrategia de Atención Primaria. Una estrategia pensada en 2019 que hoy no es más que papel mojado. El agravamiento de las listas de espera, la falta de atención presencial y las intervenciones suspendidas por enésima vez sólo pueden atajarse de una forma: ampliando la plantilla de profesionales. La única cifra negociable en el ámbito de la salud pública es la del número de plazas de los 4000 sanitarios despedidos en octubre que pasarán a consolidarse. De los recortes en los Puntos de Atención Continuada (PAC) o en salud mental —una autentica emergencia durante la pandemia— ni una palabra.

Proclaman que han comprometido 120 millones de euros para atajar la emergencia energética, pero esta afirmación nos resulta simplemente falsa. EH Bildu ha logrado arañar 20 millones para el presupuesto de 2022 y otros 10 para créditos de compromiso. Eso es todo. Los 90 millones de euros anunciados para financiación municipal ya habían sido aprobados por el EVE el pasado 19 de mayo mediante el fondo de financiación Gauzatu Energia, y la Ley 4/2019 que ya obligaba a una dotación de 100 millones para los ayuntamientos. Prometen 77 millones de euros en investigación y desarrollo, pero resulta que el monto comprometido para el ejercicio 2022 como fruto de este acuerdo es… ¡Cero! Y que el horizonte temporal es de seis años, casi el mismo que la última promesa para la llegada del Tren de Alta Velocidad.

El acuerdo despacha en una frase el acuciante problema de la pobreza en Euskadi remitiéndonos a la futura ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Para después negociar un a todas luces insuficiente incremento de 10 millones para programas dirigidos a personas en situación de exclusión social. Monto que pretenden que celebremos obviando que el recorte que traen estos presupuestos en inclusión social es de 9 millones. Aquí ya se constata definitivamente que EH Bildu ha renunciado por completo a su programa social, en un momento de saturación de los servicios sociales, o con la situación vivida en las residencias durante esta pandemia. Han pasado por alto también el refuerzo de los servicios sociales para la atención a víctimas de violencia de género, cuando estamos en pleno debate de la ley vasca de igualdad.

El resultado es que la izquierda abertzale ofrecerá su abstención a los presupuestos vascos a cambio, nos han dicho, de arrancar 250 millones de euros al presupuesto, pero cuyo importe real apenas alcanza los 66 millones de euros. Compromisos, por otra parte, sobradamente superados por las enmiendas que ha presentado el grupo Elkarrekin Podemos. En nuestro espacio político sustentamos nuestros acuerdos en base a contenidos que cambien sustancialmente las propuestas del gobierno. Todo lo contrario a lo que ha sucedido aquí, con pocos acuerdos, mal definidos y escasamente precisados.

Un pacto sin contenidos económicos sustanciales ni compromisos políticos reales no es otra cosa que marketing. Y eso es muy preocupante. Justo cuando el tablero político vasco se empieza abrir, EH Bildu parece inclinarse por el PNV como socio preferente. Esperemos que no sea la previsible antesala de otros pactos de carácter estructural. Les compraron el modelo Tapia aprobando de la mano del Partido Popular la Ley de Patrimonio Ambiental, parece que convienen en mantener un modelo educativo basado en la escuela concertada y ahora nos vienen con un acuerdo vacío para unos presupuestos nocivos... ¿Este es el camino que quiere emprender EH Bildu? ¿El de un corporativismo que dificulte la articulación de una alternativa de izquierdas que permita transformar este país? Porque esto último es lo que necesitamos, y es en lo que está Elkarrekin Podemos.