Es un hecho difícilmente cuestionable que la cita previa se generalizó durante la pandemia y que ahora va a ser muy difícil revocarla. Los beneficios de la misma para la Administración son evidentes. Por el contrario, los beneficios para la ciudadanía no siempre están tan claros. Aunque es cierto que puede ayudar a la Administración a ordenar de manera más eficiente el trabajo de los empleados públicos, también puede suponer un filtro o una traba para la ciudadanía, al dificultar o frenar un acceso directo con los servicios.

Además, puede dar la sensación de que la cita previa es una cuestión que solo afecta a las personas mayores, a quienes se les presupone una mayor brecha digital, pero el popular doctor San Juan lo dejó claro: «Soy mayor, pero no idiota». En realidad, la cita previa generalizada, obligatoria y sin motivo alguno infringe los principios de servicio efectivo, afectando a toda la ciudadanía. A una mayoría social que nos encontramos con una barrera en el acceso a nuestros servicios públicos. Un barrera que evidentemente es mayor para quien no tiene los recursos suficientes para afrontarla adecuadamente. Porque no podemos olvidar que las brechas digitales existen y provocan grandes brechas sociales.

El pasado mes de octubre, desde el grupo municipal Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao planteamos debatir públicamente sobre la cita previa en el pleno. Propusimos dos cosas. Primero, darnos la oportunidad de dialogar en nuestra ciudad sobre los pros y los contras de generalizar la cita previa, para poder conocer cuál es la apuesta real del Gobierno municipal (PNV-PSE) respecto a esta cuestión. Y segundo, mejorar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios municipales mediante la atención directa, personalizada y presencial. ¿Cómo? Muy fácil: adecuando, reduciendo o eliminando el número de trámites en los que nuestro Consistorio exige tener una cita para ser atendido en las diferentes oficinas municipales.

¿Cuál fue el resultado del debate? El Gobierno se comprometió a incorporar mejoras en el sistema a través de la web municipal, sin concretar ninguna medida. Pero la realidad es tozuda, y en las puertas de entrada del edificio San Agustín, una de las principales oficinas de Atención Ciudadana de Bilbao, lo primero que los ciudadanos y ciudadanas seguimos viendo son dos grandes carteles en los que se exige tener cita para poder acceder.

Dicho esto, nadie pone en duda que la revolución digital puede traer grandes transformaciones sociales positivas. De hecho, la mayoría de las administraciones públicas están inmersas en procesos de modernización y digitalización para poder adaptarse a las necesidades actuales y ofrecer mejores servicios. Estos procesos pretenden ser positivos e inclusivos, pero esto no siempre se consigue, y en ocasiones la modernización de la Administración también puede dificultar el acceso a los servicios públicos.

Muchas recordaréis el caos que se generó cuando la Diputación Foral de Bizkaia impuso de la noche a la mañana la obligatoriedad de realizar la declaración de la Renta 'online'. Un ejemplo claro de cómo no hay que hacer las cosas, porque la digitalización puede suponer un retroceso para la atención personalizada y presencial que afecta de forma directa al principio básico referente a dar el mejor servicio a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas.

Antes de la pandemia ya existía la cita previa para realizar trámites, pero la Covid-19 obligó a las administraciones a su generalización. La realidad es que, ahora, aun viviendo sin emergencia sanitaria, prácticamente todo pasa por este filtro que parece que ha llegado para quedarse.

Por todo ello, desde Elkarrekin Podemos creemos que, mientras hacemos esta transición hacia una Administración multicanal y moderna, se debe asegurar en todo momento la inclusión y el acceso de la ciudadanía a nuestras oficinas municipales. La emergencia sanitaria ha terminado y no creemos que sea positivo imponer de facto la cita. Ya no es necesario impedir la concentración excesiva de personas en espacios cerrados, por eso hay que evitar que esto se convierta en una barrera que dificulte el acceso a los servicios públicos.

El abuso de esta medida supone un deterioro de nuestros servicios públicos, y de alguna manera, muestra también una falta de empatía del sistema administrativo ante las múltiples necesidades ciudadanas. La cita previa obligatoria, sin justificación alguna, infringe los principios de servicio efectivo a la ciudadanía y, además, rompe la simplicidad, la claridad y la proximidad que debe tener un ayuntamiento para atender y sobre todo cuidar a los ciudadanos.

El 2022 ha sido y está siendo un año importante en el avance en torno a las políticas feministas y la erradicación de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Muestra de ello es la reforma de la Ley de Igualdad vasca o la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. También salió adelante el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, además, trajo consigo la modificación del Código Penal para penalizar el acoso a mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, está en proceso de aprobación el proyecto de Ley Integral contra la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual. 

No es lo único conseguido. También se han llevado a cabo otro tipo de acciones como la aprobación del Plan de Inserción Social y Laboral para víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución o la creación del Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, por mencionar algunas.

A pesar de estos pasos, este 25N Día Internacional contra las Violencias Machistas debemos también señalar todos los tipos de violencias que en el último año han incrementado su incidencia. En los últimos meses ha habido un gran incremento de las violencias contra las mujeres, en especial, de las violencias sexuales. Ejemplo de ello es el dato conocido en las últimas semanas de que en Euskadi ha aumentado en más de un 27% el número de denuncias de violencias contra la libertad sexual de las mujeres. Si nos centramos en las agresiones sexuales, las denuncias se han incrementado en este 2022 en un 75,7%, según datos recogidos por la Ertzaintza. Esta realidad se ve también reflejada en los datos recogidos por el Satevi (el equivalente al 016 en Euskadi), el cual ha recibido el último año el doble de llamadas para denunciar delitos contra la libertad sexual. 

Además, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, no podemos centrarnos en el espacio público, sino que debemos poner el foco también en los que se dan en el espacio privado. Todas sabemos identificar que un ataque en el espacio público es violencia sexual, pero hay muchas otras situaciones que también lo son, aunque estén más invisibilizadas y sean difíciles de identificar. Son las violencias sexuales en el espacio privado, un espacio que debería ser seguro y, sin embargo, las recibimos a manos de personas que percibimos como protectoras. Según el último estudio de Emakunde, casi el 9%, o sea, casi 1 de cada 10 mujeres a nivel estatal ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida. Más concretamente, un estudio sobre violencia sexual en España publicado este año por Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resalta que una de cada trece mujeres (7,8% del total) ha sido violada por su propia pareja, un porcentaje que es más del triple de aquellas que las sufrieron fuera de su pareja (2,2%). 

No podemos olvidar tampoco la violencia gineco-obstétrica. Hasta hace poco ni siquiera estaba contemplada como violencia en una Ley (ahora lo está en la reforma de la Ley de Igualdad vasca), pero aún queda mucho por hacer, ya que se nombra, pero no se define. Elkarrekin Podemos-IU presentó el proyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en Euskadi, en el que se incluía no sólo una definición, sino también medidas para combatirla, y la respuesta recibida fue no tener en consideración esta propuesta por ─¡atención!─ “no responder a las necesidades de las mujeres vascas”. Europa no piensa lo mismo. Además de sus recomendaciones y llamadas de atención constantes a España, hay que subrayar el fulminante informe sobre el caso de Nahia en el cual dictaminaron claramente que Osakidetza y su personal ejercieron violencia obstétrica hacia ella. Además, los pocos datos que existen muestran que al menos el 38,3% de las mujeres en el territorio español, más de un tercio, reconocen haber sufrido este tipo de violencia. Aun así, se estima que este porcentaje es mayor, ya que habría que sumar todas las mujeres que aunque la hayan sufrido no pueden reconocerla, por lo invisibilizada y negada que está.

No son las únicas violencias que afectan a las mujeres. Nos vemos constantemente expuestas a la violencia institucional, simbólica, psicológica y verbal, a la cual tenemos que hacer frente cuando intentamos erradicar las violencias contra las mujeres desde cualquier espacio y ámbito. Ejemplo de ello es la violencia y persecución a la que estás expuestas las mujeres que han estado al frente de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (‘solo sí es sí’), como el ataque verbal recibido por la Ministra de Igualdad.

Nos violentan por ser mujeres, nos violentan por no cumplir con el estereotipo y rol patriarcal creado para nosotras y en el cual nos quieren encorsetar, nos castigan por intentar protegernos y asegurar que vivamos sin la constante amenaza de ser violentadas.

Es importante no quedarse en la punta del iceberg. Hay que abordar todas las caras y profundidades de las violencias machistas. Llevamos décadas denunciando y visibilizando los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres, también el incremento de violaciones, y gracias a ello, la gran mayoría de la población lo identifica como violencias machistas. 

No podemos dejar de nombrarlas, pero es el momento de ampliar los tipos de violencias, de visibilizar la realidad, y es que la sociedad machista en la que vivimos sigue teniendo una estructura fuertemente cimentada sobre la violencia simbólica. Si no vamos a la raíz, a las violencias invisibilizadas que sustentan, normalizan y permiten la existencia de las demás violencias, nunca acabaremos con el sistema patriarcal-capitalista que nos violenta, que nos agrede, que nos mata, por el hecho de ser mujeres.

Hoy es un día importante para Podemos Euskadi, que se suma a los actos convocados por los movimientos feministas de Euskadi y anima a toda la militancia a hacer lo mismo. Juntas denunciaremos que las violencias machistas contra las mujeres son un fenómeno estructural y político, y por eso es fundamental conocer y visibilizar sus bases materiales, simbólicas y discursivas. Sólo cuestionando la base cotidiana del machismo y del patriarcado en todas sus formas podremos erradicar las violencias machistas.

Hartas de violencias. ¡Solo sí es sí!

Indarkeriez nazkatuak. Soilik bai da bai!

Si juntamos unos cilindros, unos pistones, unas válvulas, una culata, etc., no tenemos un motor; tenemos sólo la posibilidad de un motor. Porque un motor no es sólo un conjunto de elementos; es un sistema; y no se arma con sólo acumular sus piezas. En política, las cosas son aún más complejas, porque sumar piezas, no siempre suma. A veces suma, otras, resta; a veces, incluso, multiplica o divide. En todo caso, el mero hecho de sumar no garantiza nada. Depende de muchos factores, desde el funcionamiento del sistema electoral, hasta la forma en que se articula el proceso de suma.

Tanto en mecánica como en política, la operación de sumar puede tener un resultado multiplicador, si el conjunto se articula en forma de sistema. Para ello se requieren dos condiciones: que cada una de las piezas juegue el rol que le corresponde y que todas ellas estén coordinadas. La segunda de las condiciones es evidente, pero la primera suele olvidarse. Si juntamos un grupo de buenos cantantes no tenemos necesariamente un buen coro. Es evidente que hace falta una batuta que los coordine; pero también que no todos jueguen el mismo rol; que cada uno de los miembros conserve el suyo. Si se pretende que todos fuercen el mismo registro, la cosa no funciona.

Cuando surgió Podemos, la frase "pasar de la protesta a la propuesta" sintetizaba muy bien el espíritu de una fuerza que pretendía salir de la zona de confort tradicional de la izquierda dogmática y crear una fuerza laica capaz de disputar la hegemonía social desde la gestión de espacios de poder. Las escisiones sucesivas de aquel espacio han ido acentuando uno de aquellos dos componentes, la protesta o la propuesta, el perfil más impugnatorio y el más propositivo, el que incide en la importancia de ser valiente y no callar las verdades y el que resalta más la virtud de saber escuchar a las mayorías sociales.

No nos enseñaron bien la dialéctica y así nos va. No se trata de que uno de los componentes se imponga al otro; tampoco de hallar un punto de equilibrio. Se trata de profundizar en ambos a la vez. Para un sistema, para cualquier sistema, la desdiferenciación es tan peligrosa como la descoordinación. Un buen sistema se consigue ensamblando adecuadamente piezas y que estas ejerzan roles diferenciados. Sumar requiere que cada parte aporte su mejor talento: quien sabe impugnar, impugnación; quien sabe escuchar, escucha; quien sabe proponer e ilusionar, propuesta e ilusión; quien sabe gestionar, gestión. No hay buen guiso sin mezclar componentes diferentes en dosis adecuadas. El conjunto debe ser armonioso, pero cada componente debe mantener su sabor. ¿A quién le gusta esa ensalada en la que todo sabe a pepino?

Bueno, ya sabemos el guiso que queremos. Ya sólo nos falta saber cómo prepararlo. ¿Cómo le explicamos a cada componente cuál es su papel? Ya hemos visto en Andalucía todo lo que no hay que hacer: que no se pueden obtener buenos resultados implementando malos procesos, ni empezar a negociar acuerdos sin haber consensuado previamente las condiciones del proceso, las garantías, las mediaciones, los cortafuegos, las formas de recomposición de eventuales desencuentros. Hay que crear un clima previo, unos canales de comunicación que limiten las inevitables suspicacias, que transmitan calma, que aclaren dudas, que generen confianza, que transmitan adecuadamente la información necesaria, que apaguen los fuegos antes de que crezcan. Nos espera un examen muy duro, pero no está escrito que no vayamos a sacar una nota magnífica. Hay seis millones de votos ahí, a la vuelta.

Ayer una noticia del Telediario nos contaba cuántos récords de temperatura se han batido en los últimos días en las distintas estaciones meteorológicas distribuidas por la Península Ibérica. No recuerdo la cifra exacta, pero me llamó la atención el mapa con decenas de puntos rojos por todo el territorio. Tras un noticiero cargado de imágenes sobre los incendios que asolan nuestros montes, los datos no dejaban lugar a dudas: el cambio climático está aquí.

Estamos en medio de una ola de calor sin precedentes, cuyos impactos son ambientales y humanos. La muerte de un bombero forestal o la de un barrendero de Madrid literalmente fulminado por el calor ponen cara a una situación de extrema gravedad que, por cierto, una vez más, afecta más a los más vulnerables.

Cabe recordar que solo unos días antes, en el Congreso de los Diputados, hice una referencia a la gravedad de la ola de calor en la que estamos inmersos, las risas de los diputados de la extrema derecha fueron sonoras. Tuve que pedir al presidente de turno que quizás habría que apagar el aire acondicionado para ver si al negacionismo que aún anida en la Cámara se le quitaban las ganas de reírse. El negacionismo no es la única razón para que no se avance en la lucha climática, pero tiene mucho que ver con la lentitud en la toma de medidas.

Ya en el año 1988, Naciones Unidas creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para facilitar el conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, sus impactos, y las posibles estrategias para hacerle frente. En la actualidad, participan en el mismo miles de científicos de 195 países.

Desde entonces, y cada vez con mayor contundencia el IPCC ha ido elaborando informes en los que se han ido desglosando los impactos del cambio climático en cada región del mundo.

Inmersos como estamos en una ola de calor con una intensidad y extensión sin precedentes, debería ser obligado echar la vista atrás a los informes previos del IPCC. Por ejemplo, el cuarto informe del Grupo de Trabajo I, decía en el año 2007: “En un clima futuro más caliente, habrá mayores riesgos de que ocurran olas de calor más intensas, frecuentes y largas (…). En un clima futuro más caliente la mayoría de los modelos de circulación general atmosférica acoplados a un modelo oceánico ofrecen como pronósticos veranos más secos en la mayor parte de las latitudes medias y altas”. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que lo que los científicos pronosticaban ya está aquí.

La pregunta que debemos hacernos es por qué si los científicos llevan tantos años advirtiendo de lo que viene, no se está actuando con mayor celeridad desde la política. He seguido desde hace muchos años las cumbres climáticas, y he vivido con frustración la lentitud de los avances. Ciertamente el negacionismo pagado con el dinero de los combustibles fósiles y sus ramificaciones políticas, ha tenido una influencia decisiva. Basta recordar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el mandato de Donald Trump, o los datos de destrucción de la selva amazónica durante el mandato de Bolsonaro en Brasil. Durante años el negacionismo se basó en financiar estudios que cuestionasen la ciencia climática. Hoy estamos ante un negacionismo puramente político que utiliza su oposición a las políticas climáticas para tratar de obtener un beneficio electoral.

Pero el negacionismo no puede explicarlo todo. Hay una objeción de baja intensidad a las políticas climáticas quizás mucho más dañina. La hemos vivido en estos años en el Congreso, donde cualquier medida que pretendiera avanzar en materia de ambición climática o fiscalidad verde se encontraba con las reticencias y la oposición de una amplia coalición de partidos que complacientes han defendido, bajo otras premisas, políticas “retardistas”. Un buen ejemplo de esto es la oposición constante de la derecha “moderada” a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) en las ciudades. En todas y cada una de las ciudades en las que se pretende ampliar el espacio de bajas emisiones, la oposición ha acudido a los tribunales para frenarlas, eliminando con ello de facto una medida imprescindible para reducir las emisiones.

Ante el cambio climático se puede/debe luchar. No está todo perdido. Hay que evitar que el CO2 se siga acumulando en la atmósfera y para ello tenemos que seguir impulsando medidas para reducir las emisiones, al tiempo que trabajamos para mitigar sus impactos. No podemos dejar que el negacionismo nos lleve al desánimo. Pero también tenemos que denunciar ese “retardismo” de baja intensidad que tanto daño está haciendo a las políticas para reducir las emisiones.

Los impactos tan graves que estamos viviendo estos días deben servir de acicate para impulsar una mayor ambición en las políticas climáticas que habían quedado nuevamente sepultadas, esta vez bajo la prioridad de la guerra de Ucrania. Necesitamos más hidroaviones para luchar contra los incendios forestales, y menos aviones bombarderos.