Preacuerdo para la RGI: se podrá acceder a ella desde los 18 años y se aumentarán las cuantías con un indicador de actualización que combata la desigualdad social

La edad mínima para solicitar la prestación bajará hasta los 18 años, se aumentan las cuantías de la misma para todos los casos, se garantizan importes suficientes según estándares europeos y se protegen los derechos de las personas usuarias del sistema ante procedimientos administrativos que atenten contra su dignidad.

Elkarrekin Podemos-IU ha alcanzado un preacuerdo con el Gobierno Vasco para modificar el proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (RGI). Gracias a este pacto se ampliarán las coberturas avanzando así hacia una mejor protección de las y los ciudadanos vascos que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad.

Según ha explicado la portavoz parlamentaria de la coalición, Miren Gorrotxategi, “Hemos dicho reiteradamente que para llegar a acuerdos de país lo más importante es el contenido. No la foto. No marcar perfil. No las diferentes estrategias que trazan los partidos al margen del interés general”. “Gracias al acuerdo que hemos alcanzado, estamos haciendo fuerte un sistema público de garantía de ingresos para toda la ciudadanía vasca, que haga efectivo el derecho al empleo a partir de los 18 años y a la vez ofrezca una protección social que cubra una eventual falta de ingresos suficientes para una vida digna. Apostamos por una red institucional y social construida entre todas para acortar la desigualdad, llegando a más personas, antes y mejor que como se venía haciendo hasta ahora”, ha subrayado Gorrotxategi.

Durante esta negociación, el equipo de Elkarrekin Podemos-IU ha conseguido rebajar la edad de acceso a estas prestaciones de los 23 a los 18 años, lo que supone un hito a nivel estatal.

Elkarrekin Podemos-IU ha acordado de la misma forma que la nueva Ley incluya un criterio de revisión que garantice la sostenibilidad del sistema. Se aumentarán las cuantías y se fija el mecanismo de actualización de las mismas atendiendo a la tasa de riesgo de pobreza, que supone el 60% de la renta mediana de la población (803 euros al mes en la actualidad). Esto supone un cambio trascendental en cuanto a que deja de quedar al arbitrio del Parlamento Vasco la decisión, lo que permitirá garantizar esa suficiencia de las cantidades percibidas por los y las solicitantes de Euskadi en consonancia con estándares europeos.

La prestación no quedará así sujeta al criterio del gobierno de turno en el marco de los presupuestos generales, sino que la ley incorpora un suelo mínimo a percibir como base. “Hoy la renta mínima está en 727 euros, con el proyecto de ley subía a 737, y con el índice de referencia que proponemos sube a 803 euros al mes, lo que en la coyuntura económica actual nos parece mucho mejor punto de partida para garantizar el acceso a la vida digna a la que todos tenemos derecho”, ha subrayado el parlamentario de la coalición, David Soto.

Asimismo, Elkarrekin Podemos-IU ha logrado que se articulen de forma clara los principios que llevarían a una suspensión cautelar de la prestación de estas coberturas. La incorporación expresa de estas condiciones ayudará a definir el campo de actuaciones evitando en lo posible que se produzcan suspensiones cautelares automáticas causadas “por indicios”, en respuesta a los informes del Ararteko, se minimiza el riesgo de que haya perceptores que se queden sin cobertura por eventuales defectos de forma sufriendo así perjuicios de difícil o imposible reparación en sus proyectos vitales.

Elkarrekin Podemos-IU ha planteado también con éxito durante este proceso de negociación la necesidad de eliminar el requisito de empadronamiento previo a colectivos vulnerables como las personas refugiadas, las víctimas de trata y explotación sexual, las víctimas de violencia machista y otras, así como reducir a un año ese requisito para las familias con menores a cargo o mayores dependientes o con discapacidad.

Además, se han abordado cuestiones que consideran vitales en lo relativo a las tareas de inspección, siempre con la intención de hacer más respetuosa y garantista la tramitación, percepción y seguimiento de las coberturas que hará posible esta Ley.

Por último, se fortalece la perspectiva de intervención social de Lanbide, demandándole personal suficiente y con formación específica; garantizando la efectividad del reconocimiento de los derechos de las personas perceptoras; e implicando de forma activa a los servicios sociales, garantizando su participación con un papel protagonista en el desarrollo del Sistema Vaco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

“Cualquiera de nosotras y nosotros puede ser un perceptor futuro de la RGI. Porque de repente nos quedemos sin trabajo, por sobrevenirnos algún revés físico, económico, emocional… Son incontables las situaciones que pueden ponernos ante una realidad en la que no podamos alcanzar sin ayuda las condiciones mínimas para tener una vida digna. Y responder a estas necesidades, articular vías eficaces para que nadie se quede atrás, garantizar las condiciones necesarias para acceder a una vida digna, que es un derecho, debe ser nuestra preocupación como políticos. Es desde luego una de las principales preocupaciones de Elkarrekin Podemos-IU”, ha concluido Gorrotxategi para enmarcar así el alcance y el significado real del pacto alcanzado.