La portavoz Miren Gorrotxategi registra una proposición no de ley para que la Cámara de Vitoria emplace al Congreso y Senado a suspender de forma inmediata la ayuda de 2.063 euros que recibe el exdiputado, en coordinación con los diputados vascos de Unidas Podemos en las Cortes / “Esta prestación supone una humillación para las víctimas. Es inaceptable que las Cortes abonen una prestación económica a una persona que cometió graves delitos siendo diputado”, asevera
Elkarrekin Podemos IU ha solicitado que el Parlamento Vasco inste al Congreso y al Senado a suspender de manera inmediata la prestación económica mensual que recibe el exdiputado y condenado por el GAL Ricardo García Damborenea. La portavoz del grupo parlamentario, Miren Gorrotxategi, ha registrado una proposición no de ley para que la Cámara de Vitoria emplace a las Cortes Generales a retirar esta ayuda, de forma coordinada con el grupo parlamentario Unidas Podemos en Madrid, porque supone “un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo”.
Los diputados vascos de Unidas Podemos, Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde, han registrado una iniciativa para reclamar a la Presidencia del Congreso y del Senado que convoquen las mesas conjuntas de ambas cámaras a la mayor brevedad para suspender la prestación económica de 2.063,75 euros mensuales que recibe Ricardo Garcia Damborenea. El ex diputado fue condenado por la Justicia a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey -si bien no cumplió dicha condena al ser indultado-, unos hechos delictivos que tuvieron lugar durante su mandato como representante de las Cortes Generales.
De forma paralela, Elkarrekin Podemos IU ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento para que esta Cámara solicite a las Cortes Generales que proceda a retirar esta prestación económica. Ricardo García Damborenea recibe una “complementación de ingresos” por un importe mensual de 2.063,75 euros, según se refleja en la relación de “complementación de ingresos” que establece el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los exparlamentarios.
Gorrotxategi justifica la implicación del Parlamento Vasco en esta cuestión porque, dada la participación reconocida del exdiputado vasco en el terrorismo de Estado, esta prestación “supone una humillación para las víctimas”. “Es inaceptable que las Cortes Generales abonen una prestación económica a una persona que cometió graves delitos siendo diputado”, asevera.
Además -prosigue- durante el tiempo que fue diputado, García Damborenea “no generó derecho a percibir la pensión ordinaria, con lo cual recibe la prestación debido a una decisión política, ya que la concesión de la ayuda económica tiene un carácter graciable”. Por ello, considera que es muy importante que el Parlamento Vasco adopte un papel activo a la hora de reclamar que se le retire esta ayuda.
Las víctimas del terrorismo, según incide Gorrotxategi, deben ser dignificadas. Por ello, lamenta la impunidad que existe en torno al GAL y los crímenes de Estado. “Es obligación de los poderes públicos actuar para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo”, remarca.
PODEMOS Ahal Dugu
