Los diputados vascos de Unidas Podemos exigen que se suspenda de forma inmediata la prestación que recibe el condenado por el GAL Ricardo García Damborenea

El ex diputado, que fue condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, recibe de las Cortes una “complementación de ingresos” de 2.063 euros mensuales que supone “un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo”

Los diputados vascos de Unidas Podemos han reclamado a la Presidencia del Congreso y del Senado que se suspenda de manera inmediata la prestación económica mensual que recibe el exdiputado Ricardo García Damborenea por constituir un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.

García Damborenea estuvo implicado en el caso GAL y fue condenado por la Justicia a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, si bien no cumplió dicha condena al ser indultado. Estos hechos delictivos tuvieron lugar durante su mandato como diputado.

El ex diputado recibe una “complementación de ingresos” por un importe mensual de 2.063,75 euros, según se refleja en la relación de “complementación de ingresos” que establece el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los exparlamentarios, hecha pública recientemente.

Ante esta situación, los diputados vascos Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde han registrado un escrito ante la Presidencia de las dos cámaras para solicitarles que convoquen a la mayor brevedad las mesas conjuntas de Congreso y Senado para suspender la prestación económica mensual que recibe García Damborenea.

El dinero que recibe el ex diputado, según se refleja en el escrito, fue acordado de manera discrecional por las Mesas del Congreso y del Senado, y supone una ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por ello, se reclama que esta ayuda sea suspendida de forma inmediata.

Los diputados vascos de Unidas Podemos denuncian la impunidad que existe en torno a los crímenes de Estado. Las recientes declaraciones del ex ministro de Interior, José Barrionuevo, reconociendo y amparando la existencia del terrorismo de Estado, son intolerables e injustificables porque además provocan una inseguridad jurídica y denigran a las víctimas.

Es necesario un compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo. Por ello, es fundamental que se modifique la Ley de Secretos Oficiales para conocer lo que pasó de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 PODEMOS Ahal Dugu

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