"Es cuestionable el papel que está ejerciendo la Comisión de Ética Pública en la necesaria persecución de la corrupción en Euskadi"

Elkarrekin Podemos IU pide saber qué casos ha investigado este órgano desde 2011 y en cuántas ocasiones ha detectado delitos o infracciones que hayan concluido en el cese de un cargo público

También pide saber cuántos de los integrantes de este órgano tienen o han tenido relación directa con el PNV, y si su presidenta, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, está dispuesta a despolitizar esta Comisión para favorecer el desarrollo de una actividad lo más “imparcial y objetiva” posible en beneficio de la ciudadanía vasca

Elkarrekin Podemos-IU ha registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa con la que pretende saber si la Comisión de Ética Pública está cumpliendo el papel que debería en la persecución de la corrupción y el castigo a los cargos públicos que incurren en ella.

Creada al calor del Código de Ética y buen Gobierno del que Euskadi se dotó en 2011, esta Comisión debe guiarse con criterios de “imparcialidad y objetividad” garantizando la “transparencia, la honestidad y el desinterés subjetivo”.

La componen cinco personas: su presidenta, la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el Director de la Secretaría del Gobierno y Relaciones con el Parlamento, Jon Urbina, Jose María Armentia, Viceconsejero de Función Pública, Elsa González Esteban, Profesora de Filosofía Moral por la Universitat Jaume I, y Fernando Tapia Alberdi, Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública Vasca y que entre 2003 y 2007 fue Diputado Foral para las Relaciones Sociales e Institucionales de la Diputación Foral de Gipuzkoa a propuesta del PNV.

A la vista de esta composición, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, David Soto, afirma que “no parece que los principios de “imparcialidad, objetividad o desinterés” que mandata el Código Ético “se estén cumpliendo en la Comisión de Ética Pública, ya que son una mayoría de cargos públicos del PNV los que deberían estar investigando eventuales irregularidades cometidas por cargos públicos del Gobierno”, formado actualmente por el propio PNV y el PSE.

La coalición considera “paradójico” que en un contexto en el que los principales dirigentes del PNV critican la politización de los poderes judiciales del estado español, en Euskadi mantengan cargos de este partido copando la dirección de “órganos tan importantes como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la radiotelevisión pública vasca EiTB, o la propia Comisión de Ética Pública”, que Elkarrekin Podemos-IU lamenta ver “totalmente politizada en favor del partido jeltzale”.

“Entendemos que es necesario una transformación profunda de varios órganos clave en Euskadi para que la transparencia y la información respecto al Gobierno se aleje de cualquier sombra de sospecha. En ese sentido, recomendamos la inclusión de personas independientes y sin ataduras políticas para poder ejercitar su misión de manera realmente imparcial y objetiva”, ha afirmado Soto.

Por otra parte, respecto a las resoluciones adoptadas por la Comisión de Ética Pública sobre solicitudes para investigar si ciertos cargos públicos del Gobierno Vasco cumplen con el Código de Ética, la coalición busca saber si se ha “cesado o sancionado a algún cargo público sujeto al ámbito de aplicación del Código Ético desde el inicio del funcionamiento de la Comisión de Ética”.

Elkarrekin Podemos-IU cita como ejemplo de las dudas que le suscita la labor de este órgano la última resolución que ha dictado. El pasado 29 de noviembre, respecto a la imputación de la directora, Edurne Egaña, de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), una sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente, decidió que la directora de EKP “puede continuar en el cargo que ocupa, hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral”. La Comisión admitió que para cargos públicos imputados en una denuncia judicial, no hay una respuesta fijada, sino que es esta misma Comisión la que toma “la decisión que considera más apropiada para cada caso”, lo que genera a juicio de Elkarrekin Podemos-IU un peligroso margen a la “arbitrariedad” de un órgano dirigido desde una clara “mayoría jeltzale”, no fijando “una tipología clara de infracciones y sanciones que supongan resoluciones basadas en hechos objetivos”.

Su actuación en el caso de Euskadiko Kirol Portuak “sorprende” además a la coalición, por cuanto entonces se aconsejó cesar a la directora de EKP en caso de “apertura de juicio oral”, mientras que por contra en el caso De Miguel, con juicio oral y sentencia en la Audiencia Provincial de Álava condenatoria, se haya tenido que esperar para actuar a que hubiera una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Por todo esto, Elkarrekin Podemos-IU, a través de esta Solicitud de Información, quiere saber desde el inicio de los primeros Códigos Éticos desde 2011 cuántas solicitudes ha recibido la Comisión de Ética Pública para investigar el cumplimiento del Código Ético por parte de cargos públicos del Gobierno. De ellas, cuántas han sido resueltas de manera que se haya cesado al cargo público y cuántas han sido trasladadas al Ministerio Fiscal por concluir la posible existencia de hechos constitutivos de delito o infracción administrativa.

En caso de que existieran, pide conocer el nombre de los cargos públicos cesados o cuyo asunto haya sido trasladado al Ministerio Fiscal.

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