Eneritz de Madariaga: “medio centenar de entidades sin ánimo de lucro están en riesgo y ven peligrar su viabilidad”

Elkarrekin Podemos IU propone que la Diputación de Bizkaia asuma el pago de sobrecostes e incremente las partidas presupuestarias para este 2023, “algo que ya se ha hecho en la Diputación de Gipuzkoa”

Eneritz de Madariaga Martín, portavoz del grupo juntero de Elkarrekin Podemos-IU en Bizkaia y candidata a diputada General ha solicitado hoy en la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia que la Diputación “revise en coordinación con las entidades sin ánimo de lucro las memorias económicas de los años 2020, 2021 y 2022 y asuma el pago de sobrecostes”, “algo que ya se ha hecho en Diputaciones como la de Gipuzkoa”.

La segunda de las propuestas trata de incrementar las partidas presupuestarias para el 2023 “en el porcentaje que se pacte con las entidades sociales, atendiendo al coste real del servicio”.
Tal y como ha explicado De Madariaga esto supondría “tener en cuenta no sólo el incremento de precios de los suministros como el gas, la alimentación, el transporte o la energía eléctrica, también el incremento salarial correspondiente para el año 23, sin olvidar que llevan años con los salarios congelados”.

Y es que, tal y como ha manifestado la portavoz, “la pandemia trajo consigo un incremento importante de los gastos en estos servicios, y al mismo tiempo trajo consigo la reducción de algunos ingresos, lo que generó que muchas de estas entidades para poder hacer frente a los números rojos, y al encontrarse sin respuesta por parte de la Diputación de Bizkaia, se vieron empujadas a solicitar créditos que han agravado su ya precaria situación económica”. “La guerra en Ucrania, y el consiguiente aumento de precios en suministros básicos ha incrementado la tensión económica, llevando a estas entidades a tener que poner encima de la mesa que la viabilidad de los servicios está en riesgo”.

Tal y como ha relatado la portavoz, está en juego el futuro de “tres entidades sociales que representan a medio centenar de entidades sin ánimo de lucro”. Por ello, desde Elkarrekin Podemos-IU quieren “garantizar la viabilidad de los servicios, y sobre todo, que el servicio que se presta sea de calidad y que las condiciones labores de las personas trabajadoras también lo sean” ha manifestado la portavoz.

La Diputación foral de Bizkaia, de acuerdo a la Ley Vasca de Servicios Sociales, tiene la obligación de garantizar la disponibilidad de determinadas prestaciones y servicios, en concreto aquellos que gracias al consenso social, se reconocieron como derechos subjetivos y que posteriormente se recogieron en el Decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de Servicios Sociales. Esa ley establece que las Administraciones públicas tienen la obligación de dotarlas económicamente, y explicita, que tiene la obligación de consignar cantidades suficientes. “Desde nuestro punto de vista, es la entidad pública quien debe hacerse cargo de estos sobrecostes, no olvidemos que estamos hablando de que estos servicios dan respuesta a derechos de las personas, es la Diputación quien está obligada por ley a dotarlas en cantidad económica suficiente. Algo que no ha ocurrido. Porque de lo contrario no habríamos llegado a la situación actual” ha lamentado De Madariaga.

Aún así, la Proposición No de Norma no ha podido prosperar. PNV y PSE han votado en contra, EHBildu y PP a favor.

Residencias de mayores

La Comisión de Acción Social también ha debatido sobre la situación de las residencias de mayores. Concretamente, la Diputación de Bizkaia, a petición propia, ha comparecido para dar cuenta del buen resultado de las encuestas de valoración. Un resultado que no ha terminado de convencer a la coalición. Según ha explicado el juntero Héctor Fernández Medrano, “las encuestas son siempre triunfalistas” y ha pedido tomar los datos con “cierta precaución” ya que “la lectura al alza puede o no tener que ver con la realidad”.

El apoderado ha solicitado además que se haga una revisión pormenorizada de las peores notas, una puntuación de los servicios peor valorados y que también se haga un análisis de tendencias para tener una foto más global y no tan puntual, para incluir no sólo “las medias de satisfacción tan espectaculares”. Fernández Medrano ha apuntado a la falta de personal en las residencias y ha manifestado sobre las inspecciones que “cada vez se aportan menos datos”, “algo preocupante”, sobre todo porque, tal y como ha explicado, “dicen que aumenta el número de inspecciones, pero da a una inspección al año”.