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La ley de Educación: crónica de un acuerdo arruinado

  • El día 21 se aprobará la peor norma que podría tener Euskadi y la víctima de todo este despropósito será la escuela pública vasca
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  • Nombre autor: David Soto (parlamentario de Elkarrekin Podemos IU)

Decía el otro día Ortuzar en Radio Euskadi que la nueva ley de educación es tan hija de EHBildu como del PNV. Y la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. De hecho, esta ley está hecha a imagen y semejanza de la propuesta educativa de EHBildu “Hacia un Sistema Público Soberano”, lanzada en septiembre de 2021.

En esta propuesta, se establecen las bases de un modelo “transicional” (hasta alcanzar ese Sistema Público Soberano, se entiende) donde literalmente se “supera la dicotomía público/privada” unificando en una sola red todos los centros educativos al margen de su titularidad. En el documento de EHBildu a esta red se la denomina Hezigune; en el Proyecto de Ley que se aprobará el 21 de diciembre se traduce como “Servicio Público Vasco de Educación”.

Esta idea, la de equiparar a todos los centros educativos y regirlos bajo una misma lógica, sean públicos o privados, fue la que permitió el entendimiento entre el PNV y EHBildu desde el primer momento. Las negociaciones que propiciaron el acuerdo entre ambas formaciones, antes incluso de que el PNV negociará con el PSE, se basaban en una confluencia de intereses: rescatar a los centros privados-concertados ante el inevitable cierre de aulas consecuencia del descenso de la natalidad. En el caso del PNV se trataba de “salvar” a las kristau eskolak; en el caso de EHBildu, a las ikastolas. La gran perjudicada de este movimiento, evidentemente, iba a ser la escuela pública vasca. Tal y como llevan años denunciando los diferentes agentes defensores de la pública.

Para EHBildu, la justificación política de equiparar ambas redes, es decir, de diluir la importancia del carácter público de la educación, es el siguiente (según su propio documento): “El carácter de servicio público no lo define la naturaleza jurídica del centro, sino los compromisos que éste adopta para con la comunidad”. El problema de esta afirmación, más allá de sus evidentes implicaciones negativas por comprometer un derecho fundamental al delegarlo en manos privadas, es que obvia de manera flagrante la situación práctica, tangible, cruda, del sistema educativo vasco.

¿Pero qué compromiso con la comunidad pueden adoptar aquellos centros que miran la renta y el origen de los niños y niñas a la hora de permitir su matriculación? La realidad es que Euskadi está en el pódium vergonzoso de la segregación escolar. Es la comunidad del Estado donde más se segrega al alumnado por origen, y la segunda donde más se segrega por razones socioeconómicas (después de Madrid). Evidentemente, este problema tiene múltiples causas, pero una razón principal: el sistema de concertación universal que hace que tengamos el mayor grado de privatización educativa de Europa. Este sistema impone barreras en el acceso a muchos centros educativos concertados para el alumnado vulnerable. La nueva ley, con su Servicio Público Vasco de Educación, lejos de atajar este problema, viene a consolidarlo, a normalizarlo y a darle naturaleza legal. 

EHBildu ha sido absolutamente leal al PNV durante todo el proceso, además de llamativamente crítico con Elkarrekin Podemos-IU cada vez que hemos salido denunciando los incumplimientos del acuerdo de bases (incluso tachándonos de irresponsables por hacerlo públicamente). Por eso, ahora cabe preguntarse por qué EHBildu, más allá de la alusión al aspecto lingüístico en el preámbulo de la ley, ha anunciado su voto negativo. ¿Por qué lo ha hecho si esta ley acoge su principal interés, que es la creación de ese artefacto que va a consolidar la privatización generalizada (llámese Hezigune o Servicio Público Vasco de Educación)?

Pues bien, dos hipótesis que explicarían este viraje de última hora:

Por un lado, la oportunidad. En pocos meses habrá elecciones autonómicas y a nadie se le escapa que un acuerdo de tal envergadura, en un tema tan delicado, y con todo el movimiento de la escuela pública en contra, podría ser un factor negativo a la hora de afrontar la campaña. Haciendo una evaluación de riesgos, podría inquietarles el flanco abierto a la crítica por parte de un amplio sector de la población que no entiende cómo un partido de izquierdas estaría bendiciendo la privatización educativa junto con la derecha vasca. Además de que resquebrajaría su imagen de partido opositor y de alternativa de gobierno al PNV.

Por otro lado, la cuestión nacional. Curiosamente los modelos lingüísticos han tenido mucho más peso que la contradicción público/privada (es decir, el eje izquierda/derecha) a la hora de tomar esta decisión. Es cierto que la inclusión de los modelos en el cuerpo de la ley (aunque sea en el preámbulo y no tenga un carácter dispositivo) constituye un nuevo incumplimiento del acuerdo educativo en el sentido de que es incompatible con el modelo común plurilingüe adoptado en este. Pero no es menos cierto que la virtualidad de esa enmienda es mucho menos significativa a efectos prácticos (al final de lo que se trata es de modificar la Ley del Euskera) que el hecho de considerar como público a lo que realmente es privado y perpetuar una situación de segregación insostenible, con los efectos que esta tiene para la cohesión social del país.

El PSE también ha jugado sus cartas y ha maniobrado con tres principales objetivos. 1. Desviar el foco de lo que realmente es importante en esta ley. 2. Obligar al PNV a elegir socio preferente (de hecho, lo que ha blindado el PSE es su alianza con el PNV para un hipotético gobierno futuro) y 3. Potenciar su identidad política exagerando su enemistad con EHBildu. Y todo esto a costa de traicionar a la escuela pública y a la propia ley Buesa que lleva su ADN. 

Sea como fuere, lo que es seguro es que el 21 de diciembre se aprobará una ley, por la mínima, que va a comprometer el futuro de las próximas generaciones. La víctima que ha salido peor parada en todo este despropósito que ha caracterizado el proceso educativo no ha sido la credibilidad de EHBildu, tampoco el talante moderado del PSE, ni siquiera la carrera política del consejero Bildarratz en su camino a la lehendakaritza; sino la escuela pública vasca, que es el campo de entrenamiento para una sociedad mejor.

#parlamentovasco, #educacion

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La casa de las mujeres: un espacio feminista en el corazón de Irún

  • “Solo queda que el espíritu participativo, plural y amplio con el que se ha desarrollado hasta ahora todo el proyecto siga vigente y que el nuevo equipo de Gobierno sepa estar a la altura de lo que el movimiento feminista y la defensa de la Igualdad exigen”
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  • Nombre autor: Miren Echeveste, portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa

La Casa de las Mujeres de Irun tiene ya su sede física, tangible, visible y real en el corazón de Irun, en la Plaza Istillaga del barrio de Santiago. Lo que hace cuatro años parecía un objetivo casi inalcanzable, es hoy un hecho consumado gracias al impulso del movimiento feminista y la determinación de Elkarrekin Podemos IU en el gobierno municipal, al frente de la Delegación de Igualdad. Sin embargo, es muy necesario recordar cual ha sido el camino de este proyecto, desde sus primeros pasos.

Aunque poner una fecha inicial concreta es difícil, podríamos empezar por el año 2011, cuando el movimiento feminista del Bidasoa dio los primeros pasos para crear una Casa de las Mujeres comarcal, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Aquel primer intento no llegó a materializarse en un proyecto definido y en 2014 varias asociaciones feministas de Irun volvieron a pedir al Ayuntamiento de Irun que impulsara una Casa de las Mujeres para el municipio. Dicho objetivo fue recogido en el IV Plan de Igualdad municipal de 2018, asumiendo así el compromiso por primera vez desde la institución local en su hoja de ruta en materia de Igualdad. 

Llegó el 2019 y, con el cambio de corporación municipal tras las elecciones, Elkarrekin Podemos IU acordó una partida presupuestaria destinada a desarrollar el proceso participativo para definir el proyecto de la Casa de las Mujeres de Irun y, con esa apuesta sobre la mesa, en 2020 se dio inicio al proceso. Lamentablemente, el proceso tuvo que paralizarse debido a las restricciones por la Pandemia de la Covid19 y a la falta de un compromiso firme del gobierno socialista con el proceso. 

Ese mismo año, Elkarrekin Podemos IU negoció la entrada en un gobierno de coalición, asumiendo la delegación de igualdad y dando concreción al compromiso con el proyecto de la Casa de las Mujeres. De hecho, fue en los presupuestos de 2021 cuando se fijó la ubicación de la futura Casa de las Mujeres en el local de la plaza Istillaga, además de dar un impulso claro e inequívoco al proceso participativo, esta vez de la mano de las asociaciones feministas representadas en la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento.

El proceso participativo tuvo tres sesiones online y siete presenciales de casi cuatro horas cada una. Participaron asociaciones y mujeres a título individual; estuvieron presentes en todo momento la delegada de Igualdad, Miren Echeveste, y el técnico de Igualdad, Koldo Zabala, para garantizar la escucha activa del Ayuntamiento; acudieron el estudio de arquitectura para definir el diseño del propio local; se trabajó de manera intensa en concretar las necesidades de la futura Casa; se crearon fuertes lazos y sinergias entre las participantes y, finalmente, se dio el primer paso para la creación de la asociación que estaría encargada de cogestionar el equipamiento con el Ayuntamiento.  

Definitivamente, es deseo de todas que la Casa de las Mujeres de Irun y la asociación Irungo Emakumeen Etxea sean un instrumento para que las mujeres tengan voz oficial y se organicen conjuntamente, y se trabaje por el feminismo y la igualdad en Irun. 

Sin duda, si Elkarrekin Podemos IU no hubiera entrado al gobierno, si no hubieran asumido la delegación de Igualdad y si no se hubiera fortalecido la relación entre el Ayuntamiento y el movimiento feminista, la Casa de las Mujeres de Irun no estaría hoy abierta. También hay que recalcar el modelo de gestión de Irun, un modelo de cogestión a través de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Irungo Emakumeen Etxea que, por un lado, dará estabilidad y solidez al proyecto y, por otro, garantizará que la voz de las usuarias y socias de la asociación marquen el rumbo de la Casa.

Este convenio es la demostración de la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente: la parte institucional y la parte social, ambas de la mano y con el apoyo de todos los partidos representados en el Ayuntamiento. Solo queda que el espíritu participativo, plural y amplio con el que se ha desarrollado hasta ahora todo el proyecto siga vigente y que el nuevo equipo de gobierno sepa estar a la altura de lo que el movimiento feminista y la defensa de la Igualdad exigen.

#feminismo

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Más firmeza y determinación en las decisiones estratégicas para Vitoria-Gasteiz

  • Hasta el momento los cambios que pretende para nuestra ciudad generan todo lo contrario a la tranquilidad. Están sembrando incertidumbre e inquietud con sus primeros anuncios porque contravienen decisiones estratégicas de la ciudad sobre las que había un consenso previo, un consenso del que el propio PSE participaba.
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  • Nombre autor: Garbiñe Ruiz (portavoz de Elkarrekin Vitoria-Gasteiz)

En este arranque de nueva legislatura ha echado a andar un Gobierno en el que no ha habido relevo de siglas, sigue siendo un Ejecutivo compuesto por el PSE y el PNV, pero sí se han cambiado los papeles, el papel protagonista lo ostentaba antes el PNV. Ahora es el PSE quién asume esa responsabilidad y además lo hace de la mano de una mujer, Maider Etxebarria, la primera alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, que en campaña prometía a los electores liderar un cambio tranquilo.

Pero hasta el momento los cambios que pretende para nuestra ciudad generan todo lo contrario a la tranquilidad. Están sembrando incertidumbre e inquietud con sus primeros anuncios porque contravienen decisiones estratégicas de la ciudad sobre las que había un consenso previo, un consenso del que el propio PSE participaba.

Y el asunto de mayor calado es el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU que está en pleno proceso de actualización. Sentadas quedaron ya las bases para establecer los criterios que marcarán a partir de ahora la forma de organizar la ciudad. Se deja atrás el enfoque expansionista para adaptarnos a las nuevas necesidades y trabajar en un nuevo modelo territorial. El consenso es claro sobre un objetivo especialmente: decrecer, la ciudad no tiene que acaparar más territorio. Lo contrario, seguir urbanizando implica seguir ocupando más suelo, más calles, más mobiliario urbano, más equipamientos, más electrificación, más servicios… Hemos aprendido que es insostenible. O eso parecía, porque ahora el nuevo Gobierno echa por tierra este principio básico al reconocer abiertamente que no descarta plantar una nueva carretera por el sur de la ciudad y esa carretera abre la veda a una nueva urbanización a lo largo de su recorrido.

También echan por tierra el Plan de Movilidad Sostenible que aboga por redoblar esfuerzos para ir reduciendo progresivamente la circulación de vehículos motorizados a favor de más facilidades y oportunidades para desplazarse en transporte público sostenible y bicicletas por Vitoria-Gasteiz. Y eso no se consigue precisamente con una nueva carretera por el sur sino todo lo contrario, se incita al uso del coche.

No entendemos estos bandazos, por qué el Gobierno se desvía de sus objetivos, que además, iban en consonancia con los marcados desde los organismos europeos en un contexto de cambio climático y transición energética.

El replanteamiento que el Gobierno hace ahora también sobre del BEI se enclava en la misma línea de pensamiento, devolver sitio al coche. Para ello pretenden recuperar dos tramos de carril segregado del BEI para abrirlos al resto de los vehículos. ¿Por qué cambiar algo qué funciona?

Este transporte electrificado de alta capacidad es el que ha cosechado los mejores resultados en cuanto al número de usos registrados hasta ahora en esa línea. Cambien lo que no funciona, que no es otra cosa que la pretensión- insólita a esta alturas y totalmente equivocada- de seguir tirando de coche cada mañana para desplazarnos a polígonos industriales y centros escolares. Demos soluciones para acabar ya con este hábito que muchos se niegan a abandonar, demos todas las facilidades posibles – mejores y más frecuencias, líneas y precios- para que les resulte más rentable y cómodo dejar el coche en casa , salvo cuando sea imprescindible- y pasarse al transporte público.

¿Por qué estos retrocesos? ¿Qué necesidad de desandar el camino recorrido?

No son decisiones sobre temas baladí, la movilidad sostenible y la reconfiguración de nuestra ciudad acorde a los nuevos retos climáticos, sociales y económicos, son asuntos de primer calado que condicionan el día a día de la gente y el futuro de nuestra ciudad.

Y estas decisiones necesitan de valentía y determinación, de responsabilidad y necesitan que a nuestros dirigentes no les tiemble el pulso ante las quejas, por mucho ruido que metan. No pueden, no deben desviarse del camino correcto, y ya saben cuál es. Deben gobernar no pensando solo a corto plazo y mirando siempre de reojo a las urnas, siempre condicionados por una u otra cita electoral.

Si quieren replantearse decisiones pueden hacerlo con aquello que no funciona y la lista es larga; pueden hacerlo con los cierres de centros sanitarios en nuestra ciudad que, junto a otras medidas, han empeorado y mucho la atención sanitaria en Vitoria-Gasteiz; con el agravio comparativo entre los servicios de los barrios, sigue habiendo unos de primera y los segundones; con la limpieza, replantéense la gestión directa del servicio para mejorar su calidad; con el sector de los cuidados, el margen de mejora es amplísimo; blindando nuestro vertedero para que no entren residuos peligrosos porque no está preparado para acogerlos; cuidando la calidad del aire y por ende, la salud de nuestras vecinas y vecinos implantando ya como exige la ley una Zona de Bajas Emisiones; más y diferentes esfuerzos para combatir la violencia machista, la LGTBIfobia, y propuestas reales no más y más promesas para que nuestra juventud pueda acceder a un techo, primer paso para iniciar sus proyectos de vida. Replantéense estos asuntos porque darles una vuelta traería justicia y cohesión social y un futuro verde, próspero y sostenible para Vitoria-Gasteiz.

#municipalismo, #municipal, #vitoria

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Naturaleza y renacimiento económico: calculando el valor del bosque urbano

  • El bosque urbano, formado por nuestros árboles y zonas verdes, es una fuente de valor estructural en forma de servicios ecosistémicos y mejora de salud pública. Un valor perfectamente cuantificable, tal como se hace desde hace ya más de una década en ciudades punteras en este campo como la australiana Melbourne.
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  • Nombre autor: Víctor Lasa (portavoz de Elkarrekin Donostia)

Gran parte de la solución a la crisis climática y ecológica ha estado frente a nosotros todo este tiempo. En el ‎último siglo y medio hemos hecho una interpretación errónea de lo que significa desarrollo económico, entendiéndolo demasiadas veces como un inevitable alejamiento de la naturaleza. Dependemos en exceso de soluciones materiales y tecnológicas que vuelven nuestra forma de vida insostenible y nuestro planeta potencialmente inhabitable para la especie humana.

El actual modelo de crecimiento basado en el obsoleto índice del Producto Interior Bruto va en contra de los ciclos del mundo viviente, evolucionando a costa de nuestros activos naturales de una manera antieconómica. Ya en 1973 el economista Herman Daly sentó las bases para un cambio paradigmático en su antológica obra “Hacia una economía estacionaria.” Daly fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del crecimiento constante, acuñando su ya famosa declaración; el crecimiento económico infinito no es posible en un ecosistema finito.

Los sistemas económicos del siglo XX son “degenerativos por diseño”, según Kate Raworth, refiriéndose a la necesidad de degradación de recursos y entornos naturales en una infinita industrialización. Raworth, catedrática de Oxford, es la ideóloga de la Economía del Donut. Este enfoque circular aplicado desde hace años en Ámsterdam, Bruselas o Ginebra produce beneficios socioeconómicos dentro de los límites del mundo viviente. El objetivo no es crecer, sino prosperar. Se trata de repensar nuestros modelos de negocio para reconciliarnos con la naturaleza en una simbiosis fluida. No sólo manteniendo el valor ambiental, como exige la sostenibilidad, sino mejorándolo, como sugiere la regeneración. El siguiente paso en nuestra evolución debe ser la sostenibilidad regeneradora.

La clave está en cambiar el principio actual según el cual vemos naturaleza y economía como dos esferas separadas. La economía es al fin y al cabo un sistema de distribución de recursos. Hasta ahora, el fin era transformar la naturaleza para añadirle valor. Este es sin embargo un planteamiento inválido e insuficiente. El primer paso práctico en la dirección correcta es reconocer que la naturaleza produce valor por el mero hecho de serlo, también en nuestras ciudades. El segundo paso, calcular tal valor y factorizarlo en todas nuestras decisiones.

El bosque urbano, formado por nuestros árboles y zonas verdes, es una fuente de valor estructural en forma de servicios ecosistémicos y mejora de salud pública. Un valor perfectamente cuantificable, tal como se hace desde hace ya más de una década en ciudades punteras en este campo como la australiana Melbourne.

No se trata de poner un precio que mercantilice nuestra infraestructura verde. Al contrario, el objetivo es conocer su contribución a la economía en forma de ahorro, para su protección y expansión. La capacidad de nuestro bosque urbano para limpiar la polución del aire mejora nuestra salud física, mientras su mera presencia mejora la salud mental. Su sombra y frescura mitigan las altas temperaturas, ayudando al ahorro energético y facilitando la habitabilidad. Su capacidad de absorber lluvias torrenciales ahorra en infraestructura gris y su mantenimiento. Aún más importante, su capacidad de absorción de CO2 compensa, al menos en parte, las emisiones de la economía industrial. La mejor inversión es por tanto la expansión de la naturaleza.

El cálculo del valor económico del bosque urbano ayuda a que la ciudadanía lo perciba como un valioso activo, más allá de razones estéticas o sentimentales. Por ejemplo, una ciudad de tamaño medio con unos 150.000 árboles podría valorar los servicios ecosistémicos de su bosque urbano en unos 4 millones de euros al año. El conocimiento de este valor ayuda a calcular compensaciones para la ciudad en los casos en los que se destruya bosque urbano debido a un nuevo desarrollo urbanístico. De esta manera el valor económico de la infraestructura verde actúa también con efecto disuasorio. Cualquier promotor que quiera deshacerse de árboles y zonas verdes deberá compensar a la ciudad, bien con una masa verde equivalente o superior en valor, bien económicamente para su reinversión en regeneración natural. La experiencia en varias ciudades nos dice que los promotores prefieren rediseñar sus proyectos para salvaguardar las zonas verdes, lo que significa un inmediato cambio cultural en la concepción del urbanismo y el desarrollo económico.

El propósito es mejorar y complementar la naturaleza, restaurar y ampliar sus hábitats y aumentar su biodiversidad. Siguiendo estos principios, el cálculo del valor del bosque urbano lleva a su apreciación como activo esencial de la ciudad, y por tanto a su conservación y expansión. A su regeneración. El crecimiento real es la expansión de la naturaleza. La sostenibilidad regeneradora es la respuesta a la pregunta “¿qué haría la madre naturaleza?”. La forma natural de prosperar. La más intuitiva. La única posible.

#ecologia, #parlamentovasco

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Elevar el debate para avanzar en derechos lingüísticos

  • Lejos de pensar en cuántos diputados nacionalistas tendrá el próximo grupo parlamentario jeltzale o abertzale, tal vez sea más efectivo pensar en llevar al Gobierno a alguien que defiende la nación de naciones y que reconoce el papel del Estado en el reconocimiento a todas las lenguas cooficiales.
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  • Nombre autor: Miren Echeveste (responsable de Política Lingüística de Podemos Euskadi)

Asistimos en los últimos tiempos a una cascada de sentencias que cuestionan las decisiones de las instituciones vascas en el difícil equilibrio entre fomentar y priorizar el euskera -lengua minorizada, y oficialmente reconocida por la propia Constitución del 78- y preservar el castellano como lengua de todo el ámbito estatal.

A nadie se le escapa que la cooficialidad del euskera, el catalán, el gallego y el castellano, enmarcada en los límites de las Comunidades Autónomas, ha generado un auténtico galimatías jurídico desde sus inicios. Y es que las normas para la defensa y promoción de las tres lenguas de ámbito autonómico se han topado de bruces con los tribunales en multitud de ocasiones y, casi siempre, para tener que desandar el camino andando y reformular lo ya formulado y acordado previamente.

Más allá de las declaraciones políticas y asociativas que se realicen como respuesta social ante cada una de estas sentencias, una de las preguntas que debemos hacernos es la siguiente: ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando y evitar encontrarnos una y otra vez en los juzgados con este tema? Los partidos políticos con representación institucional y con responsabilidades de gobierno debemos dar respuesta a esta pregunta, y dado que el “follón” es de ámbito estatal -afecta a todas las lenguas oficiales del Estado-, corresponde al Gobierno central legislar para desarrollar el artículo de la carta magna española que otorga dicha oficialidad a nuestras lenguas y, al mismo tiempo, ofrecer un paraguas jurídico a las comunidades autónomas en su labor de normalización lingüística.

Evidentemente, la realidad plurilingüe del Estado está estrechamente ligada a su realidad plurinacional, a la nación de naciones, y en este momento electoral es fundamental conocer el posicionamiento de las principales fuerzas políticas que aspiran a gobernar el país. Ya conocemos la tibieza y las dificultades que el Partido Socialista y el Partido Popular demostraron durante la era del bipartidismo a la hora de abordar la pluralidad lingüística del país, y también conocemos el negacionismo de la ultraderecha ante todo lo que huela a diversidad. Pero también hay ahora otro nuevo actor en el tablero, conformado por una quincena de formaciones políticas de corte progresista, que lo tiene muy claro y así lo plasma en su programa electoral: “Las instituciones del Estado deben preservar la riqueza cultural y lingüística de España, de forma coherente con nuestra realidad plurinacional. Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se preserve viva esta riqueza, respetando y dignificando las lenguas y culturas de las diversas naciones y territorios, desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas. La pluralidad lingüística no se debe limitar a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE. El Gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos y todas las hablantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales, como se señala en los Informes del Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con especial atención a su cumplimiento en la AGE y la Administración de justicia.”

No podíamos esperar menos de Yolanda Díaz, candidata gallega orgullosa de su pueblo y su lengua, y de nuestro Bernardo Atxaga, célebre escritor vasco que nos relató las memorias de una vaca y quien ha sido responsable de Cultura dentro del proceso de escucha de la plataforma Sumar. Y es que las personas importan. Las personas que han participado en la definición del proyecto de país con el que se presenta Sumar a las elecciones son un sello de garantía que ningún votante puede obviar. 

Sin duda, el compromiso de Yolanda Díaz con la pluralidad de naciones, lenguas y comunidades es innegable, y su proyecto de país así lo atestigua. De modo que si de verdad deseamos que el euskera tenga el reconocimiento que se merece y que deje de ser motivo de sentencias judiciales que pocos entienden, tenemos este 23 de julio una oportunidad inédita de llevar a la Moncloa y al Gobierno del Estado a una mujer y un equipo de personas que van a trabajar para llevar a cabo lo que recogen en su proyecto: “una Ley de Lenguas que reconozca la realidad plurilingüe de España y su presencia en todos los ámbitos, sin olvidar aquellas no reconocidas como lenguas oficiales”. 

Lejos de pensar en cuántos diputados nacionalistas tendrá el próximo grupo parlamentario jeltzale o abertzale, tal vez sea más efectivo pensar en llevar al Gobierno a alguien que defiende la nación de naciones y que reconoce el papel del Estado en el reconocimiento a todas las lenguas cooficiales.

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