Porque cumple con el convenio de Estambul. Porque incluye muchas de las reivindicaciones del movimiento feminista. Porque desde que empezaron a computarse los asesinatos por violencia de género en 2003 son ya, según cifras oficiales, 1117 mujeres las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hombres. Porque según feminicidio.net el año pasado fueron 78 y este llevamos ya 12 feminicidios. Porque no es momento para disensos. Porque herramientas como esta, que permiten luchar contra las múltiples violencias machistas en un contexto de discursos misóginos y negacionistas por parte de la extrema derecha, son imprescindibles. Porque la brecha salarial es una realidad y ronda el 20%. Porque la pandemia solo ha acentuado las desigualdades de género y puesto la carga de cuidados donde siempre ha estado: sobre las mujeres.

Porque, por primera vez, la ley reconoce expresamente a niños, niñas, adolescentes y mujeres transexuales como víctimas de la violencia de género. Porque, también por primera vez, no se vincula el acceso a los  servicios con la existencia de una denuncia previa. Porque se adoptan criterios específicos para la elaboración de estadísticas y encuestas que deriven en mejores diagnósticos de las violencias machistas. Porque se
fijan medidas para su prevención. Porque se aumenta el peso de la sensibilización y se establece la formación obligatoria de todas las personas implicadas en la Administración. Porque se incorporan el Parlamento Vasco, las Juntas Generales de los territorios históricos, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea como poderes públicos que deben cumplir esta ley.

Porque se prevé la creación del Observatorio de Igualdad de Euskadi. Porque mira más allá del cisheterocentrismo blanco y capacitista para establecer la obligatoriedad de desarrollar medidas para colectivos  específicos: mujeres gitanas, mujeres con diversidad funcional, mujeres en riesgo o situación de exclusión social, familias –con especial hincapié en las monomarentales–, mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres presas y mujeres en situación de sinhogarismo. Porque se recoge, por fin, la prohibición de actividades en espacios públicos en los que no se permita la participación de las mujeres, lo que conllevará la actuación directa e inequívoca por parte de las instituciones en los alardes paritarios.

Porque era nuestra obligación el que se incluyera la prohibición expresa de aplicación de teorías pseudo-científicas inventadas por el patriarcado como forma de castigo hacia las mujeres tales como el Síndrome de Alienación Parental (SAP). Porque invertir apenas 14 euros por habitante en eliminar las desigualdades es insuficiente. Porque no volverá a darse un escenario presupuestario como el de 2021, cuando no se destinó ni el 0,1% a luchar por la igualdad. Porque para lograrla, hace falta incrementar ese porcentaje, y así lo hemos hecho, hasta alcanzar como mínimo el 1,5% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Porque pelearemos porque esa pequeña cifra sea un suelo y no un techo de gasto. Porque debemos garantizar los recursos para las mujeres víctimas de violencia sexual como es la creación de las casas de crisis 24 horas. Porque el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo debe ser, de verdad, libre, seguro y gratuito. Sin acosos, presiones ni coacciones. Sin privatizaciones, ni concertaciones, ya que en Euskadi únicamente el 9,3% de los abortos se llevan a cabo en la red pública.

Porque, aunque somos conscientes de lo que falta por incorporar, la urgencia del momento actual, con un aumento de las denuncias de agresiones sexuales, cifrado en un 31,6% solo en enero respecto al mismo periodo de 2020, nos señala que no puede retrasarse la aprobación de una Ley tan necesaria como esta. Porque ese ascenso señala el aumento de situaciones de violencia contra las mujeres, aún cuando no se conoce a fondo el alcance de la llamada ‘cifra oculta’, es decir, aquellas que no se llegan a denunciar, ya que, tal y como desvelaba la Macroencuesta elaborada por el Ministerio de Igualdad en 2018, solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales fuera de la pareja siente confianza en las instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo dicha denuncia.

Porque apoyar una Ley no significa renunciar a seguir exigiendo más y más, como visibilizar y denunciar la violencia obstétrica, defender las decisiones de las mujeres en cuanto a la crianza y puerperio o garantizar una educación sexual integral que no hipoteque el futuro de niños, niñas y adolescentes ni deje en los márgenes a quienes no respondan a la norma. Porque la diversidad debe ser valorada y protegida. Porque el movimiento feminista, el que se ha construido a partir de las experiencias, luchas y reivindicaciones de las mujeres, y que sigue poniendo el cuerpo de tantas y tantas otras para que las futuras generaciones no sufran retroceso alguno, reclama una Ley de Igualdad que sea un marco legal para aterrizar y acercar políticas reales a mujeres reales.

Son muchos porqués, porque hay razones de sobra para apoyar esta reforma de la Ley de Igualdad.